Los ministros del Interior, Patricio Carrillo, y de Defensa, Luis Lara, defendieron la actuación de militares y policías frente al paro liderado por el movimiento indígena. Los funcionarios llamaron a los legisladores a rechazar la violencia en las protestas, pero no tuvieron eco.
Ambos ministros comparecieron este lunes 27 de junio del 2022 al Pleno en modalidad virtual. Su presencia fue requerida por asambleístas del correísmo, Pachakutik y disidentes de la Izquierda Democrática (ID), a dos semanas de la medida de hecho.
Tras presentar el balance, ellos abandonaron la sesión, lo que fue rechazado por los legisladores opositores, que tenían la intención de someterlos a un interrogatorio. La vicepresidenta de la Asamblea, Yeseña Guamaní (ID), explicó que no tenía base legal obligarlos a permanecer.
Con fuertes epítetos como “nazis, racistas y criminales”, Ángel Maita, de Pachakutik, arremetió contra los funcionarios. “No nos quedaremos conformes con simples comparecencias del Ministro Carrillo; debe ser destituido y censurado, así como juzgado por sus crímenes contra la humanidad, contra el pueblo”, añadió.
Otros como Manuel Medina, Jéssica Castillo, Joel Abad, del movimiento indígena, exigieron a las autoridades de Gobierno que presenten pruebas sobre la presunta injerencia del crimen organizado en las protestas.
“Es un acto de descortesía que se hayan retirado”, agregó Ricardo Vanegas y presentó una moción para que los funcionarios sean llamados a responder a la Comisión de Justicia.
Fernanda Astudillo, de Unes, y Lucía Placencia, disidente de la ID, rechazaron actos de represión contra los manifestantes. Sobre los atentados a los bienes públicos y privados durante las protestas, Astudillo aseguró que “según los organismos internacionales no justifican el abuso de la fuerza”.
Balance policial
En su comparecencia, que tomó media hora, Carrillo estuvo acompañado por la cúpula de la Policía. Aseguró que la actuación de los uniformados se apegó a la ley y a instrumentos internacionales, y que en los 15 días de paralización nunca se llegó a la aplicación del denominado segundo nivel del uso progresivo de la fuerza.
“La Policía Nacional adoptó los procedimientos en la legalidad. Y defiendo la legalidad, y los principios de absoluta necesidad, proporcionalidad, racionalidad y humanidad con los que se actuó en estos momentos críticos”, dijo.
También afirmó que la Policía no usó armas con perdigones para repeler las protestas, y mencionó que 212 agentes resultaron heridos por armas de fuego o armas artesanales.
Consideró que se deberá determinar responsabilidades de los organizadores de protestas de este tipo.
Carrillo detalló que en las dos semanas de protestas fueron tomadas seis gobernaciones “de manera sistemática”, se dieron ataques a las sedes de la Contraloría, Fiscalía, varios policías fueron secuestrados.
Además, mencionó que 10 unidades de policía comunitaria fueron vandalizadas y rechazó la toma y suspensión de energía eléctrica en la central Tisaleo, afectación a la producción petrolera, desabastecimiento de combustible.
“Mano del narcotráfico”
El Ministro de Defensa, por su lado, evidenció “preocupación por el crecimiento de la violencia y la manipulación de la protesta social por parte de quienes rechazan el diálogo como principio fundamental de la convivencia en libertad y en democracia”.
“Y lo que es mucho más grave es que tenemos información reservada que detrás de esa violencia extrema está la mano del narcotráfico y la delincuencia organizada, empeñados en atacar a nuestra paz. A medida que en el país se intensificó el combate contra el narcotráfico y el control de las fronteras, estos grupos criminales intentaron imponer en el Ecuador una ola de terror como lo han hecho otras naciones de la región”, añadió.
Lara consideró que “los actos de extrema violencia en contra de las personas y bienes públicos y privados, el intento de tomarse la Asamblea Nacional, los ataques a la Fiscalía y a la Contraloría, las acciones por paralizar o boicotear los servicios públicos, así como los ataques concertados contra las instalaciones petroleras y eléctricas que causan enormes perjuicios al Estado no son acciones aisladas, sino que forman parte de un plan para subvertir el orden, destruir la paz y romper el estado de derecho”.
“En ningún momento se intentó criminalizar la actuación de quienes de manera legítima utilizan sus derechos constitucionales para ejercer la protesta social, pero al mismo tiempo es evidente que las acciones de extrema violencia, el uso de armas de fuego con perdigones, de bombas incendiarias, de explosivos, rebasa el derecho a la protesta legítima para convertirse en un acto criminal”, puntualizó.
Cuando se retiraron, los asambleístas de Unes y Pachakutik acapararon el debate. El oficialismo y el PSC se mantuvieron al margen.