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Las personas desaparecen, se las llevan o se vuelven parte de una cadena comercial que explota y vulnera derechos. Esta realidad se hace eco en los territorios de Ecuador donde la minería ilegal es el eje conductor de otras problemáticas. La trata de personas se ha consolidado como un delito transversal al crimen organizado.
Imbabura, Carchi, Esmeraldas, Sucumbíos, Orellana, Napo, Azuay, El Oro, Morona Santiago y Zamora Chinchipe son las provincias que concentran la actividad ilícita.
Leonardo Cerda, de la Fundación Hakhu Amazon, es parte de una comunidad amazónica y, desde pequeño, escuchaba que desaparecían personas, sobre todo mujeres. En su momento, recuerda, esa dinámica se tejía en torno al petróleo y luego, la minería ilegal.
Él mismo, cuando era pequeño, fue abordado por una persona que le ofrecía recursos, mejorar sus condiciones de vida, en principio, sin nada a cambio. Tiempo después constató que se libró de ser una víctima de trata de personas.
No todos escapan de los tentáculos de la trata de personas. El activista comparte dinámicas que están presentes. Llegan, operan cerca de las comunidades, los obligan o les ofrecen dinero. Luego, cuando ya un familiar trabaja, se unen otros integrantes del núcleo, incluso, niños.
Leonardo Cerda advierte que no se trata únicamente de organizaciones delictivas nacionales, sino transnacionales. De tal forma que, además, la problemática incluye el traslado a otros territorios. Un tiempo trabajan en la Amazonía, otro en Imbabura, etc.
“Si alguien muere en el proceso, pues no pasa nada“, remarca Cerda. A las familias les dan una funda de caramelos, un quintal de arroz y, si acaso, una cantidad de dinero. El miedo, además, hace que no se rompa el silencio.
La mano de obra en las minas es uno de los fines, pero no el único. Katherine Herrera, experta en seguridad, refiere que también hay explotación sexual. Se suma que se dan intercambios de menores de edad entre grupos de delincuencia organizada.
La trata de personas incluye la captación, traslado y explotación de seres humanos con fines económicos, sexuales o de servidumbre, amparados en dinámicas de abuso, control y violencia. En esta línea, interviene más de un actor, quienes se vuelven parte de la cadena.
En Ecuador, según el Plan de Acción Nacional contra la Trata de Personas 2019–2030, las formas más frecuentes son la explotación sexual (el 80 % de casos identificados), laboral (11 %) y otras modalidades como la mendicidad forzada, la servidumbre o el reclutamiento para actividades delictivas y conflictos armados.
Según datos del Ministerio del Interior, durante el primer semestre de 2025, se registraron 78 víctimas de trata de personas en Ecuador. Aunque no hay un apartado sobre el contexto de minería ilegal, es parte del foco del problema.
Las provincias con mayor número de casos fueron Pichincha (14), Sucumbíos (13) y Esmeraldas (11), territorios donde confluyen múltiples factores de riesgo, como pobreza, movilidad humana y, justamente, presencia de crimen organizado. Son catalogadas como zonas en niveles de riesgo alto y muy alto.
Las víctimas no son solo ecuatorianas, también se encuentran venezolanas y colombianas. Como mencionan desde la Fundación Alas de Colibrí, la trata puede ocurrir tanto a escala interna como transnacional, y no siempre implica desplazamiento. Basta con que una persona sea sometida a condiciones de explotación.
Katherine Herrera agrega que las investigaciones muestran que en la frontera norte persiste el reclutamiento de adolescentes por disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Algunos han sido entrenados, sobre todo, en combate de defensa o de guerra. Los envían a la frontera sur de Colombia y luego regresan y son distribuidos en los Grupos de Delincuencia Organizada (GDO).
En la minería ilegal, por ejemplo, el nivel de enfrentamiento que puede haber con las fuerzas del orden es más complejo y deben estar listos.
En este octubre de 2025, por ejemplo, durante varios días, en Buenos Aires-Imbabura, las Fuerzas Armadas ejecutaron una intervención estratégica que incluyó el uso de artillería pesada, fuego de mortero y apoyo aéreo.
El área intervenida abarcó aproximadamente 187 hectáreas, en las cuales fueron destruidas más de 720 bocaminas. Aunque, el Ejército aseguró que antes de las operaciones aéreas se realizó la evacuación completa del área para garantizar la seguridad de la población civil.
De acuerdo con datos oficiales, en 2024 se identificaron 387 puntos de minería ilegal, distribuidos en 16 provincias de Ecuador. Al menos en 40, hay grupos de delincuencia organizada.
Entre enero y septiembre de 2025, la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) desarrolló 260 operativos.
Wilson Goyes, director de la Escuela de Riesgos de Desastres de la UIDE, suma a esa explicación que las mafias que controlan las operaciones reclutan, sobre todo, a adolescentes de contextos vulnerables para la exploración y, más adelante, formación de “ejércitos de mineros ilegales“.
Las condiciones son remotas, sin seguridad, expuestos a todo tipo de riesgos, desde para la salud hasta condiciones de violencia, amenazas y más. Además, el experto da cuenta de que, a su vez, las personas captadas deben ejecutar delitos, como el transporte del material ilegal, armas, extorsión, etc.
Unicef, en el estudio ‘Aproximación al reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en Ecuador’, da cuenta de que, aunque no se cuenta con cifras oficiales públicas sobre el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en Ecuador, los datos de homicidios y detenciones permiten dimensionar, en cierta medida, el alcance del fenómeno.
La organización alude a que, de acuerdo con los datos del Ministerio del Interior, entre 2021 y 2024, los homicidios de personas entre 0 y 17 años aumentaron en un 521, 5%, mientras en 2021, se daba cuenta de 79 casos; en 2024 se registraron 412 casos.
Frente a esta situación, algunas organizaciones y comunidades han implementado alternativas para contrarrestar la violencia y ofrecer oportunidades. La organización que integra Leonardo Cerda, por ejemplo, impulsa proyectos de bioeconomía, ecoturismo, revitalización cultural y educación ambiental.
Entre las metas está la generación de ingresos limpios y sostenibles para las familias, promoviendo la participación de mujeres y jóvenes en la protección del territorio y en el fortalecimiento comunitario.
Sin embargo, como remarca el activista y los expertos, se requiere una intervención estructural y profunda del Estado, atención a la población, acción y prevención, más allá de los procesos militares, en el área social.
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