22 de abril de 2020 00:00

Traslados de presos de Flagrancias a las cárceles, parados

La zona para detenidos que está en la avenida Patria, en Quito, está cerrada. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

La zona para detenidos que está en la avenida Patria, en Quito, está cerrada. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

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Ana Belén Rosero

La emergencia sanitaria por la que atraviesa el país hizo que el Sistema de Rehabilitación deje de llevar a los presos desde las Unidades de
Fla­grancia
hasta las cárceles.

Esto significa que luego de quedar con prisión preventiva, los procesados permanecen en las Zonas de Aseguramiento de 250 unidades judiciales que en el Ecuador conocen delitos flagrantes.

Allí se encuentran 403 de los 1 220 detenidos por irrespetar el toque de queda, una medida instaurada para frenar la propagación de la pandemia del coronavirus.

Ellos permanecen en ese sitio porque los jueces ordenaron su prisión temporal. En cambio, 500 personas recibieron medidas alternativas a la prisión. Es decir, deben presentarse permanentemente ante una autoridad judicial, como una forma de comprobar que no han huido.

La mayoría de casos se encuentra en Guayas, Esmeraldas, Azuay, Los Ríos y Manabí.

Estas órdenes de prisión preventiva se dictan pese a que el pasado 12 de abril, la Corte Nacional de Justicia recomendó a los jueces de flagrancia que impongan medidas sustitutivas a la prisión para evitar que más personas vayan a las penitenciarías del país y se vuelvan vulnerables al covid-19.

El sábado, una de las personas arrestadas por circular en horario prohibido dio positivo para coronavirus. Esto hizo que los aprehendidos en flagrancia sean llevados a la Unidad Judicial de Quitumbe, en el sur de Quito.

Además, el Sistema de Rehabilitación y el Ministerio de Salud activaron un cerco epidemiológico y aislaron a los guías penitenciarios y a todas las personas que estuvieron en contacto con él.

Juan José Morillo, vocal de la Judicatura, indicó que durante esta semana la Zona de Aseguramiento permanecerá cerrada, mientras se realiza la desinfección del lugar.

Como parte de todas las medidas adoptadas, también la idea es que las personas apresadas por irrespetar el toque de queda no tengan contacto con presos que cometieron delitos comunes.

Durante los primeros días de la emergencia, a los detenidos se les realizaba un chequeo médico directamente en las unidades judiciales.

Pero luego, el Consejo de la Judicatura dispuso que cuando la Policía detenga a una persona, primero sea trasladada a un centro de salud público para tomarle la temperatura, revisar si tiene síntomas relacionados con el covid-19 o alguna enfermedad respiratoria.

Si no presenta síntomas, el Ministerio de Salud emite un certificado médico y es trasladado a la unidad de flagrancia. Si presenta trastornos de salud le practican la prueba del covid-19 y le aíslan en una celda especial.

En el caso de las personas que son trasladadas de una cárcel a otra también deben cumplir con medidas de control sanitario. El Sistema de Rehabilitación emitió un protocolo de 25 páginas. Ahí se detalla que cuando una persona llega a una nueva prisión debe presentar un certificado médico de que no presenta síntomas de covid-19 y también debe someterse a un nuevo chequeo con el personal médico del centro. Además, debe permanecer en una área aislada 15 días antes de entrar en contacto con otros presos.

Hasta el momento, la cárcel de El Inca, en Quito, ha tenido los mayores problemas con el coronavirus, pues hasta el momento ya se reportan un preso muerto y otros contagiados. También hay guías penitenciarios afectados.

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