Luis (nombre protegido) denunció hace cinco años lo ocurrido y recién este 2019 hubo sentencia; pero no hay detenidos. Foto: Roberto Peñafiel / EL COMERCIO
Luis, padre de tres hijas, ha dedicado su vida al comercio. La casa que levantó en Quito se convirtió en su sustento: por la renta de locales y su tienda-taller de bicicletas.
Para equipar esta última, acudió al chulco, un delito que en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) se define como “el préstamo directo o indirecto que realiza una persona con un interés mayor permitido por la Ley” y se castiga con mínimo cinco años de cárcel; máximo 10 años si hay más de cinco víctimas, en cuyo caso se ordenará la devolución de lo hipotecado o prestado y la restitución de todo lo pagado de forma ilegal.
Luis (nombre protegido) denunció hace cinco años lo ocurrido y recién este 2019 hubo sentencia; pero no hay detenidos. Este es su testimonio:
“Ese 24 de septiembre del 2009 llegaron decenas de policías a mi casa, una vivienda esquinera de tres pisos, donde vivía con mi familia. Los policías me mostraron una orden de desalojo y comenzaron a sacar a la fuerza mis cosas y las dejaron en la calle. Vi cómo algunos objetos eran tiradas por las ventanas y otros los colocaban en la vereda.
Me desmayé de la impresión. Desperté en la casa de mi hija. En la sala estaban algunas de mis pertenencias acomodadas. Era desesperante ver cómo mis cositas estaban ahí. Al revisar noté que faltaban cosas de valor y otras estaban destruidas.
Yo mantenía a mis tres hijas y a mi esposa con los ingresos que conseguía en mi tienda y taller de bicicletas. Una de mis hijas tenía un salón de almuerzos en el primer piso, yo también arrendaba locales para un karaoke y una discoteca. Todos los establecimientos funcionaban en mi casa.
Una noche le comenté a mi cuñado que quería comprar materiales para el negocio de bicicletas, pero que no tenía dinero. Él me contó de un señor que prestaba rápidamente. Nos fuimos a la casa de ese hombre, que quedaba en la Ciudadela del Ejército. Cuando abrió la puerta me di cuenta de que era una persona conocida y que teníamos amigos en común.
Nos recibió amablemente en una habitación donde guardaba todo tipo de electrodomésticos, que creo que le dejaban en prenda.
No fui a los bancos porque me parecía que era poco dinero como para hacer un préstamo formal, que implica un proceso largo y tedioso. Le pedí USD 500. Él me hizo firmar una letra de cambio en blanco. Lo hice porque confié en él, pero no sabía lo que me esperaba.
Me exigió un 10% de interés mensual por el crédito, con un pago de USD 50 cada mes, durante dos años. Me dijo que no me preocupara, que le podía pagar cuando tuviera el dinero y si quería podía hasta devolver todo el préstamo. Me pareció una buena facilidad de pago.
Aún no había terminado de pagar ese préstamo cuando mi madre sufrió un accidente. Se rompió la pierna y hubo que operarla. Entonces le pedí al chulquero USD 1 000 más a un plazo de un año y al 13% de interés.
Por esa cantidad firmé otra letra de cambio. Él solo me entregó un papel escrito con su puño y letra de que le debía ese monto.
Terminé de pagar los USD 500 del primer préstamo y solicité la letra cambio que había firmado, pero el usurero me dijo que se le había traspapelado, que no me preocupara, que ya la quemaría.
Me acerqué a pagar la penúltima letra del segundo préstamo, pero no lo encontré en su casa. Fui varias veces, pero incluso la esposa se negó a recibir el dinero.
Poco después de eso, un amigo que es abogado me dijo que vio un juicio a mi nombre y que mi casa tenía orden de embargo. Nunca me notificaron, con el argumento de que no tenía casillero judicial.
Me enteré de que la letra de cambio fue llenada por una suma de USD 4 500. Yo hubiera pagado ese valor con tal de no perder mi casa, pero ya era demasiado tarde. La casa fue embargada.
El tema afectó mi salud. Me operaron del corazón el 24 de mayo del 2019 y aún no me recupero del todo por esa intervención.
La demanda ni siquiera la presentó el chulquero sino un tercero, que yo pienso que era un testaferro. Ese hombre incluso me extorsionó, me pedía dinero para devolverme la casa. Le llegué a dar USD 1 500, pero me desalojaron nuevamente después de un mes.
En esta ocasión también había efectivos policiales y personas que estaban de civil, quienes -según alcancé a ver- llevaban barras de metal y hasta cuchillos.
El testaferro asegura que vendió mi casa, pero yo creo que no es así.
Entonces, me decidí a presentar una denuncia por usura en contra del chulquero y su testaferro, pero en la corte me dijeron que no había fundamentos, pese a que tengo recibos y papeles firmados.
Apelé varias veces y durante ese proceso, una noche mientras iba a la casa donde vivo ahora, me dieron un golpe en la cara con un objeto duro.
Desorientado, caí al piso. Un hombre, acompañado por otro, me puso una pistola en la cabeza. Me asusté mucho. Él me dijo que si no quitaba la demanda que tenía en contra de su jefe, mis días estaban contados, luego se subieron a una moto vieja y se fueron rápidamente.
La Justicia investigó los papeles escritos con puño y letra por el chulquero y las letras de pago a tiempo como pruebas. Conocí a otras víctimas de la usura. Nos ayudamos con asesoría y no dejamos de luchar. Este año gané el juicio por usura, pero no he podido recuperar mi casa ni el dinero que perdí.
Mis hijas no pudieron terminar sus estudios y una de ellas se vio obligada a trabaja en un restaurante. Tengo la suerte de que ellas nos han ayudado a mi esposa a mí. El testaferro está con una orden de prisión de cinco años, pero la Policía no lo encuentra”.