La agrupación política Democracia SI entregó en el Consejo Nacional Electoral más firmas para su inscripción, el pasado 11 de marzo del 2016. Foto: Alfredo Lagla / EL COMERCIO
El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ratificó la sentencia en contra del movimiento Democracia Sí. Con esta decisión quedan anuladas las 187 000 firmas que presentó la agrupación el 2 de febrero del 2016 ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), para su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas.
Además su representante provisional, Elizabeth Andino Verdezoto, fue sancionada con la pérdida de derechos políticos durante un año y deberá pagar una multa equivalente a 10 salarios básicos unificados (USD 3 660).
El movimiento, liderado por los hermanos Marcelo y Gustavo Larrea, fue denunciado por el presidente de la Comisión Electoral de Alianza País, Javier Serrano, por infringir el artículo 275 del Código de la Democracia numeral dos, que sanciona la inobservancia de las resoluciones y sentencias del TCE y el CNE.
Según el Tribunal, la resolución inobservada es la disposición general tercera de la Codificación del Reglamento para la Inscripción de Partidos, Movimientos y Registro de Directivas, que garantiza el sigilo de los datos de los afiliados y adherentes permanentes de las organizaciones políticas, prohíbe la reproducción total o parcial de los documentos referidos a ellos, al igual que su utilización por parte de cualquier persona del sector público, privado o fuerza pública.
La acusación se resume en que utilizaron la figura del exvicepresidente Lenin Moreno para su campaña de recolección de firmas y como evidencia se presentaron unas fotografías, en las cuales personas con la camiseta con el logo de la agrupación tenían escrito también el nombre del exmandatario.
Por este motivo el TCE resolvió que “efectivamente se confundió a la ciudadanía, sea a través de asambleas generales, reuniones políticas, recolección de firmas, entre otros, viciando así su voluntad expresada a través de su firma de adhesión, lo cual resta credibilidad, transparencia y confianza en el proceso de recolección de firmas, y como tal, no puede convalidarse o subsanarse.”
El Tribunal respondió que la causa sí tiene asidero jurídico, que no hay vicios de nulidad que afecten el proceso, que las pruebas presentadas por el demandante fueron suficientes y válidas. Además insisten en que quien debe responder es la representante provisional, por ser la responsable del proceso de recolección de firmas.
Democracia Sí apeló la decisión del juez Miguel Pérez, del 25 de febrero, el 3 de marzo y la ratificación del pleno se dio 11 días después. Los argumentos presentados por la agrupación fueron rechazados en su totalidad.
Marcelo Larrea sin embargo insiste en que la sentencia del TCE es inconstitucional y que no tiene competencia para ejecutarla, que el delito del que los acusan no existe y que la “queja” interpuesta por Serrano es solo aplicable a los miembros de la Función Electoral. Y reclama porque el hecho de que hayan dicho que respaldarían una candidatura de Moreno si terciaba sin el Gobierno tampoco es una infracción.
Los miembros de la agrupación están analizando las acciones a tomar en otras instancias nacionales e internacionales. Asimismo acudirán al CNE para pedir una respuesta sobre su caso. Este afecta los derechos de participación de los 187 000 firmantes. Por ejemplo, entre las rúbricas anuladas constan las de los mismos fundadores del partido, señalan.
Según Larrea, los jueces del TCE incurrieron en delitos de prevaricato y colusión, “se ha cumplido una orden emitida por el presidente Rafael Correa en una sabatina”. Esto es a su forma de ver un acto intimidatorio y una advertencia de lo que puede suceder en el próximo proceso electoral de 2017.
La sentencia del Tribunal también dictamina que se envíe el caso a la Fiscalía. Esto para Larrea será provechoso para ellos porque se podrá descubrir quiénes son los que salen en las fotografías utilizadas como evidencia, ya que insiste en que es un montaje. Asimismo señaló que esto les permitirá iniciar acciones penales contra los involucrados en el caso.
Finalmente insistió en la inocencia de la representante del movimiento, quien “no ha cometido delito alguno” porque nunca se comprobó su participación en el supuesto engaño. Y anunció que continuarán recolectando firmas para inscribirse en el registro electoral y participar en 2017.