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Sumario administrativo para rectora que dio correazos a estudiantes en Alausí

En videos de redes sociales se observa que estudiantes se arrodillan y reciben correazos. Foto: captura de pantalla.

Los estudiantes se arrodillan en el piso. La rectora que tiene una correa en su mano espera que el estudiante se encuentre en la posición que ordenó para darle dos correazos. “Siga”, grita la autoridad; y la siguiente estudiante se pone en la misma posición.

“Ponte bien”, le grita. Suenan otros dos correazos. Cuando es el turno del siguiente alumno, la persona con el cinturón en la mano advierte que la próxima vez los correazos serán “con el pantalón abajo“, en el caso de los hombres, y las “faldas arriba“, en el de las mujeres.

Son las imágenes de un video que se difundió en redes sociales este 22 de diciembre del 2021. Quien da los correazos a los estudiantes es la rectora de la Unidad Educativa Isaías Garzón Loyola, ubicada en la comunidad de Gulag, de la parroquia Simbambe, en el cantón Alausí (provincia de Chimborazo).

Así lo confirmó a EL COMERCIO Andrés Chiriboga, viceministro de Gestión Educativa. El Ministerio de Educación, señaló el funcionario, conoció sobre este caso el 17 de diciembre y dio las primeras disposiciones al respecto.

Lo primero fue poner la prohibición a la rectora de acercarse a los estudiantes que fueron objeto de este maltrato físico. Tampoco se puede acercar al establecimiento educativo, al hogar o a cualquier otro lugar en el que pudieran estar los estudiantes, señaló el Viceministro.

También se dispuso la reubicación provisional de la denunciada en una dependencia administrativa, mientras se sigue el proceso de sumario administrativo. Chiriboga dijo que este, eventualmente, puede terminar con una sanción que puede ser destitución o multa.

Además, el Ministerio puso el caso en conocimiento de la Fiscalía General del Estado en la provincia respectiva, “por tratarse de un caso que podría implicar un tipo penal”.

Maltrato no es disciplina

Lo sucedido es un acto totalmente violento, prohibido expresamente por el Código de la Niñez y la Adolescencia (Cona) en espacios educativos, recuerda la abogada y directora de Rescate Escolar, Sybel Martínez.

“En el caso Aampetra vimos cómo las Juntas Distritales de Resolución e Conflictos guardaban bajo la alfombra estas violencias. Se tiende a esperar que el ruido pase, que la presión social baje para que los casos se olviden y luego vemos a docentes, rectores, autoridades, que en el mejor de los casos son trasladados de escuela y no sancionados como debe ser”, sostiene Martínez.

Además, hace un llamado al Ministerio de Educación a recordar que hay reformas de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) que establecen que deben existir mecanismos de prevención, atención y reparación de toda forma de violencia en los planteles.

Martínez enfatiza en que estos actos de violencia deben ser rechazados, ya que no se puede establecer una forma de maltrato como disciplina. Además de sancionar a la rectora, la abogada dice que la escuela debería dejar de ofrecer un ambiente poco protector e indiferente en materia de violencia.

“Está claro que este tipo de violencia transgrede normas nacionales e internacionales”, señala la defensora de derechos. Por un lado está el Cona, en su artículo 40, y además está la normativa internacional que prohíbe cualquier tipo de violencia en contra de los niños.

Se revisa situación psicológica de los niños

El viceministro Chiriboga dijo que se han iniciado las rutas y protocolos para la erradicación de la violencia en las instituciones educativas. “Esto implica el levantamiento de un informe por parte de los DECE (Departamento de Consejería Estudiantil) para realizar una evaluación inicial de cuál es el impacto psicológico que podrían tener nuestros estudiantes, sus familias y sus compañeros que estuvieron observando este acto, que también son víctimas de un espectáculo lamentable de violencia”.

El informe está siendo preparado para dar inicio a la reparación y remediación de los derechos que pudieron haber sido vulnerados, dijo Chiriboga.

Si no se llega a la sanción de la rectora, el Viceministro dijo que habría suspensión en el trabajo, sin remuneración. “No queremos adelantar la conclusión porque esto puede entorpecer el proceso administrativo. Queremos que se lleve adelante, dando garantías del debido proceso y del derecho a la defensa de la acusada”.

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