El subsecretario Jurídico de la Presidencia, Jorge Benavides, aseguró que la motivación para activar la muerte cruzada fue el accionar de la Asamblea en el reciente juicio político al Presidente de la República. A su criterio, hubo acciones que configuraban una grave crisis política debido a ilegalidades que se desarrollaron en la Asamblea.
Guillermo Lasso decretó la muerte cruzada el miércoles pasado, al aplicar el artículo 148 de la Constitución. Benavides integró el equipo que desarrolló el decreto 741 con que se disolvió a la Asamblea.
“Se trata de una grave crisis política -dice Benavides- porque la Asamblea intentaba destituir al Presidente de la República por fuera del marco constitucional, al hacer caso omiso a lo que dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa que habla de que debe haber un informe motivado y no lo tenía. Eso ya, per se, causa una grave crisis política, es decir, que se intente destituir a un presidente sin respetar el marco constitucional”.
Facultad constitucional
Benavides, quien estuvo en el equipo que redactó el decreto, cree que la facultad constitucional que le permite al Presidente disolver la Asamblea fue diseñada en otro contexto político. El mismo artículo de la Constitución le da la potestad crear decretos-leyes económicos que sean significativos para el país hasta que se posesione al nuevo Gobierno.
Sobre el hecho de que el Ejecutivo se quede sin control político no debería ser un obstáculo para que otras entidades del Estado pueden hacer control administrativo, como la Contraloría, e incluso escala penal, como la Fiscalía.
Control de la Corte Constitucional
En la entrevista con EL COMERCIO, Benavides pidió a la Corte Constitucional debería desechar las acciones de inconstitucionalidad que varias fuerzas políticas han presentado en ese organismo para detener los efectos del Decreto Ejecutivo con el que el Presidente de la República disolvió la Asamblea Nacional.
La noche de este jueves 18 de mayo del 2023, la Corte Constitucional anunció que no admitió las seis acciones de constitucionalidad presentadas en contra del Decreto Ejecutivo de muerte cruzada.
“No es procedente esa acción de inconstitucionalidad, en la medida que se trata de un acto de Gobierno. No es un acto normativo, no trae ningún tipo de regulación que vay expresado como en los decretos. En este caso es la facultad del Presidente de la República que ha decidido disolver la Asamblea”, dijo Benavides.
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