18 de febrero de 2020 00:00

Peritos del caso Sobornos explican trama

Desde la izquierda: los jueces Iván Saquicela, Iván León y Marco Rodríguez instalaron ayer el cuatro día de juicio. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

Desde la izquierda: los jueces Iván Saquicela, Iván León y Marco Rodríguez instalaron ayer el cuatro día de juicio. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

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Ana Belén Rosero

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Cuatro testimonios del caso Sobornos se han declarado reservados. El argumento: cuidar la intimidad de los procesados, pues quienes han declarado son peritos que tuvieron acceso a los chats de WhatsApp y correos electrónicos enviados entre Rafael Correa, Vinicio Alvarado y Alexis Mera.

Según la Fiscalía, entre las conversaciones personales existen documentos como contratos con Equitesa y Nexoglobal, cuyos directivos son parte de los 21 procesados en este caso. Para esta entidad, a través de las comunicaciones se confirmaría el esquema de corrupción en el que habrían participado los altos exfuncionarios y empresarios.

Ayer, por ejemplo, el Tribunal de Juzgamiento escuchó al perito informático Milton J., quien realizó la extracción de correos hallados en las computadoras incautadas a Mera.

La comparecencia comenzó con un pedido al público: “Por favor, salgan de la sala por respeto a la intimidad del procesado”, dijo Iván León, presidente del Tribunal. Sin embargo, segundos antes, la fiscal Diana Salazar había argumentado que la correspondencia no provenía del celular personal del exsecretario Jurídico de la Presidencia.

El testigo tardó tres horas en detallar la pericia que realizó. Revisó un informe firmado por él y dijo que halló la información sobre Nexoglobal y Equitesa en poder de Mera.

Más tarde, el Tribunal escuchó al experto en informática Henry Y., quien dijo haber hallado contratos de Consermin en las computadoras de Mera. Su declaración también fue declarada reservada.

Para la Fiscalía, la presentación de estos peritos permite que el Tribunal conozca, con detalle, cómo se hizo la entrega de aportes económicos a Alianza País, entre 2012 y 2016.

Además, con estas declaraciones las pruebas que constan en el expediente, de forma escrita, tienen validez jurídica.

En el Código Penal (Art. 505) se explica que el resultado de los peritajes tiene que exponerse de forma oral al Tribunal y debe estar sujeto a interrogatorios y contrainterrogatorios. Solo entonces, tendrá validez. En la norma también se advierte que en caso de falso testimonio, el Tribunal podrá ordenar el arresto de quien mienta.

Para la abogada de Mera, María del Mar Gallegos, en la computadora de su cliente no se encontraron los contratos con las empresas investigadas. La defensora aseguró que hubo un error en la cadena de custodia y que los peritos únicamente extrajeron conversaciones entre el expresidente y Mera, “pero que eso no demuestra que se haya cometido el delito de cohecho”.
Según la defensora, en las computadoras y teléfonos que se le incautaron a su cliente no hay pruebas de ningún ilícito.

El mismo criterio tiene Marcelo Dueñas, abogado de la asambleísta Viviana Bonilla. Sostuvo que “las pruebas presentadas no aportan en absoluto a la tesis de Fiscalía”. Añadió que la entidad no ha podido sustentar la acusación sobre una red de sobornos. “Los defensores estamos desvirtuando en el contrainterrogatorio a los peritos”, agregó.

Para esta fase de juzgamiento, la Fiscalía anunció una lista de más de 70 testigos, divididas en peritos, funcionarios públicos y publicistas.

En este último grupo constan comunicadores, fotógrafos y directivos de agencias de publicidad. En el listado está, por ejemplo, un directivo de UmaCreativa. Él tiene previsto explicar sobre los servicios fotográficos que dio a los candidatos de Alianza País para las elecciones de alcaldes en el 2014, por cuyo trabajo cobró USD 17 584. El directivo ya adelantó esta información en una versión que entregó a la Fiscalía. Sin embargo, ante el Tribunal deberá entregar detalles.

Otro testimonio que recibirá el Tribunal es el del ejecutivo de la agencia que hizo la campaña para Viviana Bonilla en el 2014, pero cuya factura fue pagada por Metco. En ese entonces, la actual asambleísta participaba como candidata para la Alcaldía de Guayaquil.

La semana pasada, en los primeros días de audiencia, el Tribunal ya escuchó a dos directivos de agencias de publicidad. Ellos confirmaron servicios para Alianza País pagados por las empresas indagadas.

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