El Ministerio de Justicia impulsa una reforma estructural al sistema penal ecuatoriano, para presentarla a la Asamblea Nacional, antes de fin de año. Con ese objetivo, su titular, Néstor Arbito , se reunió ayer con el fiscal general, Washington Pesántez, para coordinar una propuesta conjunta.
El objetivo es tener un sistema penal tan eficiente como justo con las víctimas, procesados y personas condenadas. También se pretende adecuar el Derecho Penal a la Constitución de 2008.
Arbito adelantó, por ejemplo, que los delitos leves, como robo de una cámara fotográfica o celular, no pueden durar cuatro meses; tendrán un juicio rápido y serán tramitado por un solo juez, en un tiempo máximo de 72 horas.
Los delitos medianos tendrán un juicio ordinario de hasta 6 meses, por un pool de jueces. Y un juicio extraordinario de hasta nueve meses con tribunales penales, para delitos graves como narcotráfico.
Se mantendrá el sistema acusatorio vigente, por lo cual el fiscal será el único que puede plantear una acción penal, de oficio o por pedido de la víctima o de la Policía.