Los waorani piden en los campamentos de Sinopec comida, medicina y gasolina. Foto: Paúl Rivas / EL COMERCIO
Hace más de dos meses la vida de cinco comunidades waorani en Orellana tomó un rumbo diferente. El río Shiripuno, que antes solo era transitado por turistas y aborígenes, hoy es una vía por donde navegan canoas a motor y tripulantes de la empresa china Sinopec, que visten overoles anaranjados, cascos blancos y botas amarillas.
Este Diario recorrió el río. La mañana del viernes 24 de junio, unos cables rojos atraviesan el afluente. Son las líneas que se conectan con los explosivos enterrados bajo tierra para la prospección sísmica que realizan trabajadores de Sinopec. Los senderos son de máximo 1,20 metros. Se observa el sobrevuelo de helicópteros que trasladan paquetes de víveres a los 20 campamentos en el área de cinco comunidades waorani: Gotiwano, Quehueiriono, Nenkepare, Apaika y Wentaro. Los dirigentes de esas comunidades y el presidente de la nacionalidad Waorani de Ecuador (NAWE), Moi Enomenga, firmaron el 11 de diciembre del 2015, un convenio con el jefe de relaciones comunitarias de Sinopec. Se acordó pagar USD 1 113 640, divididos de la siguiente forma: 50% al firmar el acuerdo y 50% una vez concluida la exploración sísmica, que está en marcha.
Ese acuerdo, al que este Diario tuvo acceso, fue el salvoconducto para que Sinopec realizara la exploración para hallar petróleo en un área aproximada de 27 831 hectáreas, en el bloque 21. Sinopec da servicios a Petroamazonas. Además la empresa, junto con China National Petroleum Corporation, forma parte del consorcio Andes Petroleum, que hasta el 2015 produjo unos 52 mil barriles de crudo diarios en los bloques Tarapoa 14 y 17.
En uno de los campamentos a orillas del río está Abraham Boyatai. Él trabaja en el departamento de relaciones comunitarias de Sinopec y afirma que cada dirigente recibió un cheque de entre
USD 20 000 y 59 000.
Boyatai relata que este proceso se repetirá con otras comunidades: se socializa el proyecto, se llega a un acuerdo y empieza la exploración, pues cada dos meses los campamentos avanzan hacia el oeste del bloque 21, a las comunidades Meñapare y Gareno.
Enomenga acompaña al Diario en su recorrido por el río Shiripuno. Él y cuatro indígenas detallan que en esta ocasión los líderes repartieron la plata entre las familias de las comunidades formadas por unas 70 personas. Pero dos comuneros sostienen no haber recibido nada.
Cae la noche. Quehueiriono está de fiesta por el Día del Padre. Sorprendido por la llegada del equipo periodístico, Eme, un guía turístico waorani, se acerca. Lleva una trenza larga y viste una camisa a cuadros. Al ser consultado sobre los pagos, asegura que no recibió nada porque trabaja en el turismo y se opone a las petroleras.
Al día siguiente, después de tres horas de viaje está Wentaro, que se levanta alrededor de una pista de aterrizaje. Uno de sus habitantes es Fabián Endomenga, quien muestra con nostalgia una de sus cabañas turísticas a medio construir. Sentado sobre unos tablones afirma que tampoco recibió dinero. Tanto Eme como Endomenga cuentan que los animales “se han escondido debido al ruido de los helicópteros, los taladros, las explosiones y la basura”. En estas condiciones, la cacería es más difícil.
En otros casos no hay quién cuide las chacras. En el volante 14, al atardecer del sábado, Nancy Grefa, madre de 11 hijos, carga a la menor mientras lava uno de los overoles de los trabajadores. Gana
USD 400 al mes. Su jornada empieza a las 03:00 y termina a las 17:30, con un descanso entre las 06:00 y las 15:00.
Ya es domingo, el último día de la travesía. Camino hacia la escuela de Quihueiriono, Enomenga cuenta que no sabe lo que cada dirigente hizo con el monto que le correspondía.
Ramiro Alvarado, padre de cuatro hijos y profesor de la escuela, cuenta que su familia recibió USD 5 000. “Nosotros compramos canoa, motores y techo de zinc”. Al llegar al puerto de Shiripuno decenas de waorani compran víveres en la tienda de abarrotes.
Tres días antes del viaje hacia las comunidades, EL COMERCIO visitó la NAWE, en Puyo. Ahí, Alicia Kawiya, su vicepresidenta, expresó: “Nuestro recurso es la selva que tenemos para recolectar fruta, coger pescados, de eso vivimos. Pero el mundo de afuera quiere terminar nuestra selva”.
Como parte del convenio, Sinopec hizo un primer pago de USD 556 820, que ya se gastó. Según Enomenga, la NAWE compró motores, canoas y motosierras para las 48 comunidades.
“20 000 aquí en la NAWE para deuda pagué… por taxi, carro, viajes de anteriores directivas”, explica, sentado en la única silla plástica de un cuarto en la sede de la NAWE. Para justificar los gastos entregó las facturas a Sinopec.
Durante 22 años, las cinco comunidades se opusieron al ingreso de las petroleras. Se dedicaron solo al turismo. Enomenga era un ícono de la conservación. El Ecolodge Huaorani, fundado por la empresa turística Tropic y la Asociación de Quehueriono (de la cual Enomenga es presidente), ha recibido varios premios de sostenibilidad. El último fue otorgado en el 2015, por National Geographic.
Dos décadas más tarde, la firma del representante de la asociación y de la NAWE ha facilitado la entrada de proyectos de exploración. Paradójicamente, Huaorani Lodge cerró por falta de turistas, ahuyentados por los trabajos de exploración, cuenta Jascivan Carvalho, gerente de Tropic. Sin embargo, Enomenga, que tiene un convenio con Tropic, ve con buenos ojos la operación: “El petróleo genera plata. Ahora es lo que necesitamos. Waorani aquí para sacar un vuelo cuesta USD 900 de emergencia. Tenemos 40-80 emergencias (médicas) semanal. ¿Quién pone, quién paga?”.
Desde hace tres semanas este Diario pidió la versión de Petroamazonas y Sinopec, por medio de correo y llamadas, para conocer su opinión sobre el convenio, pero sus autoridades no respondieron hasta el cierre de esta edición.
