2 de octubre de 2018 00:00

En Sinangoe se hará una inspección judicial

La semana pasada, integrantes de Sinangoe protestaron en la corte de Lago Agrio. Foto: Cortesía /  Fundación Alianza Ceibo

La semana pasada, integrantes de Sinangoe protestaron en la corte de Lago Agrio. Foto: Cortesía / Fundación Alianza Ceibo

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Redacción Ecuador

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Organizaciones sociales, defensores del ambiente e integrantes de la comunidad AI’ Cofán de Sinangoe esperan la resolución final sobre el proceso judicial, que se inició en julio sobre las actividades mineras en la cabecera del río Aguarico (Sucumbíos).

Sinangoe y la delegación de Sucumbíos de la Defensoría del Pueblo pidieron el cese de la minería en 32 000 hectáreas por una posible contaminación del río y afectaciones a esta comunidad amazónica. La demanda fue por la omisión de la consulta previa desde las autoridades.

El 27 de julio, el juez del cantón Gonzalo Pizarro sentenció a favor de la comunidad de Sinangoe y dispuso la suspensión de todas las concesiones otorgadas o en trámite. La sentencia fue apelada por las autoridades.

Henry Troya, viceministro de Minería, confirmó que las actividades –incluidas las de exploración- están paralizadas en ese territorio, y explicó que de las 52 concesiones mineras que intervendrían en la zona, 20 están en una primera fase de evaluación. Las 32 restantes están en trámite.

“En la demanda se hace alusión a la actividades de minería ilegal y a una supuesta no realización de consulta previa sobre 52 concesiones. Ahí entra un primer gran error. ¿Qué esperan que yo consulte de áreas que no han sido otorgadas y que no tienen un responsable? Sería una burla”.

Troya afirmó que los daños al ecosistema de este sector de Sucumbíos son causados por actividades de minería ilegal, que incluso fueron encontrados y notificados.

El Ministerio del Ambiente (MAE) indicó que tras la denuncia de la comunidad AI’ Cofán de Sinangoe, realizó una inspección en la zona involucrada y encontró dos concesiones que no cumplían con las normativas ambientales.

Esta Cartera de Estado informó que estos otorgamientos carecían de los permisos, por lo que pidió la suspensión de sus actividades y la presentación de un plan de acción para subsanar los incumplimientos.

Luego de la inspección, el MAE agregó que se realizó un peritaje para identificar los daños a la flora y fauna, principalmente por minería ilegal. “El informe pericial producto de este análisis fue remitido a la Fiscalía”, contestó la entidad a través de un comunicado.

Jorge Acero, delegado en Sucumbíos de la Defensoría del Pueblo, explicó que el caso ha pasado por varios incumplimientos de plazos judiciales, desde que se interpuso la acción de protección en julio.

La audiencia de apelación se realizó el 5 de septiembre, pero fue suspendida para la realización de una inspección judicial del territorio mencionado, cuya fecha también se aplazó y finalmente se concretó para el 11 de octubre. Después, dijo Acero, esperarán la decisión final del juez.

Una decena de organizaciones sociales locales e internacionales apoyan a Sinangoe en este proceso. Están, por ejemplo, Greenpeace, Hivos, Amazon Watch, entre otras.

Desde Sucumbíos, esta demanda tiene el respaldo de la Asociación de la Sociedad Civil de la provincia, la Fundación Alianza Ceibo, la Federación de Mujeres de Sucumbíos y otros organismos.

“Está en riesgo la fuente de agua, no solo para la comunidad Cofán, sino para todo Sucumbíos”, comentó Brian Parker, asesor jurídico de la comunidad de Sinangoe e integrante de la organización
Amazon Frontlines.

“Queremos un diálogo con la comunidad”, insistió Troya.

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