Asociaciones de docentes, estudiantes y trabajadores de la Universidad de Guayaquil planean constituir una veeduría para observar los análisis de la Contraloría sobre este centro de estudios. La mañana de este martes 7 de agosto del 2018 hicieron un plantón en los bajos de la Delegación Guayas del organismo de control. Foto: Elena Paucar / EL COMERCIO
El informe definitivo sobre responsabilidades por la emisión de títulos fraudulentos en la Universidad de Guayaquil estará listo a fines de septiembre.
Rommel Martínez, procurador síndico de la institución, explicó que ya presentaron todas las pruebas de descargo a la Delegación de la Contraloría en Guayas.
“Son predeterminaciones y tenemos un plazo para responder, documentadamente. Dentro del plazo de ley aportamos toda la información de respaldo y esperamos que se desvanezcan las predeterminaciones”, indicó.
El informe DR1-DPGY-UC-AI-0092-2018 evaluó varios aspectos dentro de la Facultad de Jurisprudencia, entre 2015 y 2017. Este detectó irregularidades en la emisión de 27 de títulos de abogados. Quienes los obtuvieron no cumplieron todos los requisitos, como la elaboración de un trabajo de titulación, según el análisis de la Contraloría.
El pasado 1 de agosto, la entidad de control notificó al Consejo de Educación Superior (CES) que se predeterminaron responsabilidades administrativas de multa (USD 65 013) y destitución en contra del rector Galo Salcedo, el vicerrector de Formación Académica, Fernando Sandoya; del administrador y del decano de la Facultad de Jurisprudencia, en la época cuando se realizó el examen.
Ni Salcedo ni Sandoya se han pronunciado. En su lugar, integrantes de asociaciones de docentes, estudiantes y trabajadores hicieron un plantón frente a la Delegación Provincial de la Contraloría para manifestar su rechazo a la posible salida de las autoridades.
La mañana de este martes 7 de agosto del 2018 explicaron que conformarán una veeduría para dar seguimiento a los 17 informes que mantiene la Contraloría, relacionados con irregularidades en la U. de Guayaquil.
Clemente Moreira, presidente de la Asociación de Profesores de la universidad, es parte de esa veeduría que aún no está legalmente constituida. Para este grupo, las observaciones apuntan a administraciones anteriores, entre ellas la fase de intervención estatal.
“Ellos (la intervención) son unos de los causantes de los problemas de la universidad. Pero el actual rector no tiene nada que ver; él está haciendo todo lo posible para subsanar varios problemas anteriores, que vienen desde León Roldós”, dijo Moreira.
Salcedo fue nombrado rector encargado por la Comisión Interventora, en mayo de 2016. Luego ganó un proceso electoral.
El procurador de la universidad señaló que antes, en marzo de 2016, se creó la Unidad de Titulación donde se originaron las falencias en la emisión de los títulos de Jurisprudencia. “Se responsabiliza al rector de crear esa unidad, pero se abrió antes de que llegara al cargo (…). El informe determina una posible responsabilidad del decano de esa fecha”.
Por este caso también se desprenden responsabilidades penales. La Fiscalía del Guayas investiga el presunto delito de falsificación y uso de documento falso. Las autoridades de la universidad ya comparecieron.
La próxima semana la U. de Guayaquil presentará nuevas pruebas de descargo dentro del análisis de la Contraloría por remuneraciones y pago de viáticos, que suma responsabilidades civiles y administrativas por USD 9,1 millones. Martínez indicó que entregarán carpeta por carpeta, las disponibilidades presupuestarias y aprobaciones de 400 colaboradores que se beneficiaron con recategorizaciones y revalorizaciones.