6 de junio de 2018 01:01

La sentencia por la suspensión de la actividad minera de Río Blanco se resume en cuatro puntos

Imagen referencial de las actividades mineras en Río Blanco. Foto: Archivo / EL COMERCIO

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Lineida Castillo

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La sentencia por escrito fue subida la tarde de este martes 5 de junio al 2018 al portal de la Función Judicial de Azuay. En el documento de más de 30 fojas, el juez civil de Cuenca, Paúl Serrano, establece cuatro puntos sobre la suspensión de las actividades mineras en Río Blanco.

La primera, acepta la acción de protección de los comuneros de la parroquia cuencana de Molleturo por vulnerarse los derechos al debido proceso a la consulta previa, libre e informada, en las comunidades en relación al Proyecto Río Blanco.

Río Blanco es uno de los cinco proyectos mineros considerados estratégicos por el Gobierno Nacional. Está ubicado en la parte alta de las parroquias cuencanas de Molleturo y Chaucha, en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Cajas.

Allí Ecuagoldmining tiene la concesión de 4 979 hectáreas para extraer oro y plata. Desde agosto del 2016, esta empresa china construía la mina aurífera y tenía previsto empezar su producción a finales de este 2018. Pero, desde hace un mes, mantiene suspendidas sus actividades, tras conflictos con los grupos antimineros de las comunidades aledañas.

Como segundo punto, el fallo “ordena a todas las autoridades accionadas, que en el ámbito de sus respectivas funciones y de inmediato, hagan suspender las actividades de explotación que se estén desarrollando del contrato de concesión denominado Río Blanco, como medida de restitución al derecho vulnerado”.

Además, manda a que se realice la consulta previa, libre e informada conforme al convenio 169 de la Organización Internacional Trabajo. En el tercer punto ordena la desmilitarización gradual y paulatina de los sectores donde se encuentra el conflicto, precautelando la integridad de los miembros de las comunidades y evitando conflictos de cualquier orden, incluidos los de minería ilegal.

Finalmente, y de conformidad al artículo 21 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, delega el seguimiento del cumplimiento de esta sentencia al Director Regional de la Defensoría del Pueblo.

Esta autoridad deberá informar periódicamente sobre tal cumplimiento y podrá ejercer las acciones que sean necesarias para su cumplimiento. Las copias de este fallo fueron remitidas a las partes involucradas, Defensoría del Pueblo del Azuay y a la Corte Constitucional.

El gobernador de Azuay, Xavier Enderica, quien mantuvo dos días de reuniones en Quito con autoridades del Gobierno Nacional por este y otros temas de seguridad, dijo que apelarán el fallo. La defensa se hará a través de los ministerios de Hidrocarburos (que absorberá al de Minas) y de Ambiente y la Senagua.

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