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El supuesto uso indebido de un vehículo asignado al Consejo de la Judicatura por encuentros sexuales abrió una investigación disciplinaria dentro de la institución el 11 de junio de 2026 en Ecuador. Este caso surgió tras la difusión de un video aficionado grabado en el sector de la Concha Acústica, en La Villaflora, sur de Quito.
En el material audiovisual, una mujer denuncia un supuesto acto sexual dentro de un automotor estatal.
Tras la circulación del video, la presidenta del Consejo de la Judicatura, Mercedes Caicedo Aldaz, dispuso el inicio inmediato de acciones investigativas. Esta disposición se dirigió a la Dirección General y a la Dirección Provincial de Pichincha.
El objetivo es identificar, de forma individualizada, a los servidores judiciales que podrían estar relacionados con el hecho.
El abogado penalista José Elías Cárdenas Llerena explicó que el caso debe analizarse como una posible responsabilidad administrativa y no como un asunto penal.
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— El Comercio (@elcomerciocom) June 12, 2026
Según Cárdenas, si se trata de servidores judiciales, el régimen aplicable sería el Código Orgánico de la Función Judicial. En el caso del personal de apoyo, como el chofer, también podría considerarse subsidiariamente la Ley Orgánica de Servicio Público.
Cárdenas argumentó que el derecho penal debe operar como última alternativa, cuando otros mecanismos menos graves no son suficientes para responder a una conducta. En este caso, consideró que recurrir a una investigación penal podría resultar excesivo por el posible nivel de perjuicio ocasionado.
El penalista ubicó el caso, en principio, dentro del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial, que regula infracciones leves.
Esa disposición incluye, entre otras conductas, desempeñar actividades extrañas a las funciones durante las horas de trabajo. Por eso, si la investigación confirma que el vehículo fue usado para un fin ajeno al servicio público, pero sin otros elementos de mayor gravedad, el caso podría tratarse como una falta leve.
El primer punto de análisis está en el artículo 100 del Código Orgánico de la Función Judicial, que establece los deberes de las servidoras y servidores judiciales.
Según el penalista esta norma obliga a responder por el cuidado, conservación y uso de los bienes confiados para el cumplimiento de funciones.
En este caso, la investigación deberá determinar quién tenía a su cargo el vehículo del Consejo de la Judicatura y bajo qué disposición institucional debía utilizarlo.
Cárdenas también mencionó el artículo 103 del Código Orgánico de la Función Judicial. Esa norma contiene prohibiciones para los servidores judiciales y, entre ellas, impide realizar durante la jornada ordinaria de trabajo actividades ajenas al ejercicio de sus funciones.
Bajo ese criterio, el expediente deberá verificar si las personas involucradas estaban en horario laboral, qué tareas tenían asignadas ese día y si el uso del automotor correspondía o no a una actividad institucional.
📄 | #ComunicadoCJ
— Consejo de la Judicatura (@CJudicaturaEc) June 11, 2026
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Dentro del ámbito administrativo, Cárdenas indicó que el hecho podría llegar a calificarse como una falta leve, dependiendo de lo que determine la investigación.
Mencionó disposiciones del Código Orgánico de la Función Judicial relacionadas con la prohibición de realizar actividades ajenas a las funciones durante la jornada ordinaria y con el cuidado de los bienes confiados para su uso.
Si el caso se encuadra como una infracción leve, las sanciones podrían incluir una amonestación escrita o una sanción pecuniaria que no exceda el 10% de la remuneración del servidor. Por lo tanto, Cárdenas sostuvo que el caso tendría más peso desde el ámbito disciplinario que desde el penal.
La investigación debe establecer primero a quién estaba confiado el vehículo. Esto permitirá determinar qué servidor tenía a su cargo el bien público y bajo qué condiciones debía utilizarlo.
También se debe verificar cuál era la disposición institucional sobre el automotor: si tenía una ruta asignada o si debía estar guardado en los parqueaderos institucionales.
Otro elemento relevante es comprobar qué tareas tenían asignadas las personas involucradas durante ese día. Con esta información se podría comparar el uso autorizado del vehículo con el lugar donde fue grabado.
Si un automotor debía permanecer en dependencias institucionales o cumplir una ruta específica y aparece en otro punto de la ciudad, existe un hecho que debe investigarse.
Sobre una posible responsabilidad penal, Cárdenas consideró que el caso no necesariamente alcanza ese nivel. Para hablar de delitos relacionados con recursos públicos, tendrían que probarse elementos adicionales.
El eventual perjuicio estaría relacionado con aspectos como el uso del vehículo, consumo de combustible o desgaste del automotor.
A pesar de esto, Cárdenas subrayó que esos elementos apuntan más hacia una investigación administrativa que hacia una causa penal.
El Consejo de la Judicatura informó que cualquier conducta que comprometa recursos institucionales será sancionada con rigurosidad, bajo el debido proceso y conforme a Derecho.
Información extra: Consejo de la Judicatura