La Policía Comunitaria carece de recursos a escala nacional
El Grupo de Operaciones Motorizadas hace operativos en la zona bancaria de Quito.
La muerte violenta de Diana Carolina, en Ibarra, dejó ver las carencia que las Unidades de Policía Comunitaria (UPC) tienen no solo en esa ciudad, sino también en Quito, Guayaquil y Cuenca. Tras ese hecho violento se conoció que el personal necesita toletes o gas pimienta para disuadir a los agresores. Además, requieren más motocicletas, patrulleros, radios para comunicación interna y hasta municiones.
En la capital, los equipos que operan en el denominado Circuito Iñaquito tuvieron que recurrir al Grupo de Operaciones Motorizadas, para que les presente ocho motos y así aumentar los patrullajes.
Las falencias se hicieron evidentes luego de que en diciembre de 2018 fueran asaltados violentamente dos clientes de un banco y en enero fuera asesinado un hombre que salía de otra entidad. Después de estos ataques, los policías urbanos de Iñaquito solicitaron que personal de otro grupo especializado refuercelos operativos.
Igual ocurre en el Circuito La Mariscal. Su personal opera con siete patrulleros y requieren 14 más. A las 14 motocicletas necesitan sumar otras 10.
Desde los jueves, cuando hay más afluencia en bares y discotecas, se ven obligados a pedir ayuda del Grupo de Operaciones Motorizadas. “Si tuviéramos más recursos logísticos y humanos sería mucho mejor, porque se podría cubrir más zonas”, dice un jefe policial.
Al sur de Quito, en el barrio La Magdalena también hay problemas. El 15% del personal no tiene radios para comunicarse. En esa dependencia se dice que los aparatos tampoco han entrado a mantenimiento.
En 1 587 UPC que operan a escala nacional trabajan 19 000 agentes preventivos y la Policía dice que todos tienen esposas, arma (glock 9mm), tolete, munición y gas pimienta.
Pero en Guayaquil, los policías de servicio urbano también necesitan municiones, chalecos antibalas y aseguran que el gas pimienta está caducado. Un oficial que patrulla una zona del noroeste de esa ciudad indica que quedaron en renovarle el aerosol, pero que aquello no ocurre.
Cuando él se incorporó como subteniente, el Estado le entregó un chaleco antibalas, un tolete, un gas pimienta, esposas, un arma de fuego tipo glokc y 50 municiones.
Pero el 2018 recibió un telegrama en el que sus jefes le pedían la devolución de 25 balas. Le faltan cinco y deberá comprar con su dinero, pues de lo contrario tendrá que elaborar un parte y decir cuándo y en qué se usó la munición.
El radio portátil con el que trabaja tiene averías. Eso ocurre, pese a que cada año un departamento especializado controla que el equipamiento esté en buenas condiciones.
En una UPC, ubicada entre haciendas bananeras del Guayas, dos uniformados no portan armas. Uno de ellos, graduado hace nueve años, cuenta que al principio sí tenía una pistola, pero pertenecía al Municipio de Guayaquil y al pasar a otro cantón dejó el arma y aún no le han entregado otro.
Tras el crimen de Diana Carolina, las autoridades de Gobierno acudieron a la Asamblea y dijeron que “la Policía está dotada de medios suficientes para actuar”.
El Gobierno indica que en el 2018 se destinaron cerca de USD 1 400 millones para la institución del orden y USD 42 millones para trabajos en las calles y en los barrios.
Para capacitación del personal se asigna un presupuesto de USD 280 000 anuales.
“Todos los policías aprenden a utilizar el armamento letal y no letal, Eso es parte de lo que aprenden y es parte de la formación de los policías”, advierte la ministra del Interior, María Paula Romo.
En Ambato, uno de los policías que operan en el norocidente de la ciudad dice haber comprado unas esposas adicionales, para evitar que las entregadas por el Estado se oxiden o se deterioren.
Si ocurre aquello reciben sanciones a la hoja de vida.
Por eso, él advierte que deben tener especial atención incluso con el tolete.
Lo tiene guardado en la UPC y asegura que solamente lo utiliza en emergencias.
El gas pimienta se le caducó el mes anterior. Hizo un escrito para que le actualicen y hasta el momento está a la espera.
En Cuenca, dos uniformados de la Unidad de Policía Comunitaria de El Batán llevan chalecos antibalas, gas pimienta, tolete y uno de ellos también porta una pistola.
El agente que no dispone de arma lleva un año en la institución. Los otros 16 que trabajan en este Circuito disponen del equipamiento completo, incluido las municiones, motocicletas y patrulleros, para cubren todas las zonas que se les asigna desde las jefaturas.
En Azuay laboran 1 700 uniformados en los distintos servicios. Según Mario Castro, jefe de la Subzona policial, son contadas las personas de esta provincia que no disponen de arma y que, por lo general, son de las nuevas promociones.
