Imagen referencial. Una exfuncionaria de Petroecuador rindió su versión sobre la trama de corrupción que involucra al contralor Pablo Celi y el exsecretario de Presidencia José Agusto Briones y otros. Foto: archivo/ EL COMERCIO
El 13 de abril del 2021, Natalia Cárdenas, exasesora de la Gerencia General de Petroecuador, rindió su versión frente a la fiscal Jimena Mena sobre la trama de corrupción que involucra al contralor Pablo Celi y el exsecretario de Presidencia José Agusto Briones y otros.
En su testimonio, que reposa en la Fiscalía y es público, la exfuncionaria de la estatal petrolera confirmó el desvanecimiento de cinco glosas que la empresa Nolimit tenía en la Contraloría. Según las investigaciones de Fiscalía, por realizar esos trámites esa compañía entregaba coimas a funcionarios de Ecuador.
Cárdenas indicó que, durante una parte del 2018, Petroecuador detuvo todos los pagos de esa empresa, porque tenía glosas pendientes en el ente de control.
Admitió que una vez desvanecidas las glosas “el proceso contractual quedó saneado y Nolimit pudo cobrar las facturas pendientes”.
Este Diario accedió al expediente penal de este caso y conoció que desde el 2012 Nolimit ha recibido 11 contratos con Petroecuador por USD 180 millones.
Además, durante la versión, Cárdenas relató cómo conoció a Raúl de la Torre, sobrino del Contralor. Según la exfuncionaria, en el 2018, él ingresó a trabajar en Petroecuador por pedido de Pablo Celi y de José Agusto Briones.
Mencionó que, en el 2019, el entonces titular de la estatal petrolera quiso desvincular a De la Torre, porque no cumplía su trabajo. Según la funcionaria, no fue removido por pedido de Agusto y de otro alto funcionario del gobierno.
Ahora la Fiscalía sabe que De la Torre actuaba de intermediario para solicitar y recibir las coimas. Las pesquisas dicen que se aprovechaba de las influencias que tenía en la Contraloría General y en Petroecuador para perpetrar el ilícito.
Al finalizar su testimonio, Cárdenas dijo “que no tiene nada que ver con los pagos de Raúl de la Torre”. Además, aseguró que no ha cometido ningún ilícito. “Soy funcionaria pública desde el 2019 y es la primera vez que me pasa algo tan oscuro”.
El 14 de abril del 2021, ella y otras ocho personas fueron procesadas por presunta delincuencia organizada en el caso Las Torres.
Durante la audiencia de formulación de cargos que se realizó en la Corte Nacional, el juez Felipe Córdova le dictó medidas alternativas a la prisión. Debe presentarse periódicamente ante una autoridad judicial, tiene prohibido salir del país y debe usar grillete electrónico.
