El oficial vestía camisa celeste a rayas y chompa crema. Se sentó en el asiento posterior del vehículo y la mañana de ayer salió del parqueadero de la Comandancia General de la Policía. Lo acompañaban dos agentes de seguridad.
Era el general Wilson Alulema, quien hasta el lunes fue jefe de Estado Mayor de la Policía tras la designación del general Rodrigo Suárez como nuevo jefe policial.
Junto a Alulema quedaron fuera los generales Patricio Franco y Nelson Argüello. El primero fue comandante en jefe y el segundo inspector general.
Suárez asume el cargo en medio de la aplicación de la reforma policial, que aún no se concreta en cinco puntos: cubrir el déficit de personal, el traspaso de competencias, la depuración del personal, fortalecimiento de la Policía Judicial y el reforzamiento de la Policía Comunitaria.
Hasta antes del 30 de septiembre del 2010 se habían registrado 1 500 casos de presunto abuso policial y la idea era que los posibles implicados salieran de la institución del orden. Un año después, el ministro del Interior, José Serrano, se quejó de que por mala actuación de los jueces esto no se había cumplido.
En su informe de labores, Franco indicó que 310 policías fueron dados de baja en los dos últimos años. 234 salieron en el 2011 y 76 en lo que va de este año.
En cuanto al déficit de personal, datos proporcionados por la Comandancia General refieren que la Policía tiene ahora 42 000 uniformados a escala nacional. No obstante, la Dirección de Educación busca incorporar 23 000 más hasta el 2017.
De ellos, 2 000 serán oficiales y 15 000 policías. La meta es reducir la saturación laboral.
Según el Plan Integral de Seguridad presentado a finales del año, otro objetivo de la reforma es fortalecer las relaciones entre la gente y la Policía Comunitaria.
Los moradores de barrios quiteños dicen que la relación con la Policía ha mejorado. En la Villa Flora (sur), Mayra Sabando cuenta que si bien los agentes se reúnen con la directiva, su trabajo se enfoca en los dueños de las casas y no en quienes, como ella, tienen negocios sin vivir en el barrio. Sin embargo, cree que luego de cinco años, tiempo en que es propietaria de una tienda, ya se empieza a ver una actitud más amigable entre los uniformados.
Lo mismo opina Rosa Iza, presidenta del Comité Barrial de La Marín, pero hace una observación: la Policía del sector donde vive no cuenta con su propia UPC y utilizan una prestada junto a la casa barrial. “También falta personal. Tenemos una población fluctuante de 180 000 personas diarias y tenemos 12 agentes”.
Otra parte de la reforma es el incremento de UPC. Para el 2013, el Gobierno espera contar con 1800 UPC en el país. El Gobierno invirtió USD 160 millones en la construcción de 425 UPC y 10 unidades de vigilancia en el país.
En Quito se ha invertido USD 1 641 656 en la construcción, mantenimiento y ampliación de las UPC, pero no se han frenado tres tipos de delitos.
En cuanto a la reforma académica, esta incluye la incorporación de un nuevo pénsum de estudios con materias como DD.HH., policía comunitaria, gestión de riesgos e inteligencia.
No obstante, solo la última promoción de policías graduados en agosto último aprobaron el curso con la nueva malla curricular.
La mañana de ayer, Suárez se reunió con Serrano. La cita fue privada. No se informó sobre qué generales acompañarán al comandante en la cúpula.
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