Este 26 de marzo de 2025 se cumplen siete años del secuestro de los periodistas Javier Ortega, Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra, miembros del equipo de Diario El Comercio.
El hecho ocurrió en Mataje, Esmeraldas, en la frontera norte del país, mientras realizaban una cobertura periodística.
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El equipo periodístico de este medio de comunicación fue secuestrado por el Frente Oliver Sinisterra, un grupo disidente de las FARC, y posteriormente los tres fueron asesinados. Desde entonces, sus familias y la sociedad civil luchan por verdad, justicia y reparación.
A siete años del crimen, todavía no se estableció una teoría del caso ni se han esclarecido las circunstancias del secuestro y asesinato. La impunidad persiste, y las instituciones estatales han fallado en brindar respuestas contundentes.
Un secuestro sin responsables y una justicia rezagada en el caso Nos Faltan 3
El 26 de marzo de 2018, el equipo de El Comercio fue secuestrado por el Frente Oliver Sinisterra, mientras trabajaban en la frontera norte del país. Sus cuerpos fueron hallados días después en zona rural de Tumaco, Colombia.
El entonces presidente Lenín Moreno confirmó el asesinato el 13 de abril de ese año. Desde entonces, las investigaciones han avanzado con lentitud y sin resultados claros.
La única condena hasta la fecha fue dictada por un tribunal colombiano en 2021, tres años después del crimen. Jesús Vargas Cuajiboy, alias “Reinel”, fue sentenciado a 28 años por secuestro extorsivo.
La Fiscalía colombiana sostiene que fue uno de los custodios del equipo durante el cautiverio. Sin embargo, no se ha divulgado información oficial completa sobre su rol en el caso.
Obstáculos estatales y opacidad institucional
Uno de los mayores cuestionamientos de las familias es la falta de acceso a información clave. En 2024, la Corte Constitucional ordenó la entrega de tres actas del Consejo de Seguridad (Cosepe) relacionadas con el caso.
Aunque el gobierno de Daniel Noboa entregó los documentos, estos estaban incompletos y mutilados. Había hojas faltantes, textos sin interlocutores identificados y sin firmas de responsabilidad.
Estas irregularidades impiden conocer el contexto completo de las decisiones tomadas por el Estado durante el secuestro. En una de las actas entregadas, la numeración salta de la página 2 a la 19, dejando un vacío de 17 páginas.
Las familias denuncian que esta entrega parcial obstaculiza los procesos judiciales en Ecuador. Además, compromete la integridad del archivo estatal y la posibilidad de establecer responsabilidades.
Inacción, violaciones a derechos y persistencia en la búsqueda
El colectivo Nos Faltan 3 denunció fallas estructurales en la investigación, tanto en Ecuador como en Colombia. En Ecuador, el caso ha pasado por tres fiscales y no se ha hecho una reconstrucción completa de los hechos.
No hay un mapa de actores ni una línea de tiempo sobre lo ocurrido. Tampoco se han procesado pruebas clave, como las huellas dactilares y los peritajes de los equipos encontrados.
Según el informe del Equipo de Seguimiento Especial (ESE), la falta de comunicación entre entidades estatales permitió que el equipo llegara a una zona de alto riesgo. Además, se mantuvieron operaciones militares en la zona mientras los periodistas estaban cautivos, lo que pudo desencadenar el asesinato.
