Imagen referencial. Según la Fiscalía, el sentenciado amenazaba a la joven con publicar los videos íntimos que había grabado. Foto: Pixabay
La Sala de Garantías Penales del Azuay rechazó el recurso de apelación de Edison R. a la pena máxima de 29 años y cuatro meses de cárcel que fue emitida contra el procesado por la violación a una joven de 19 años, quien fue su expareja. Los magistrados ratificaron la sentencia.
Según un informe publicado por la Fiscalía el miércoles 5 de noviembre del 2019, Edison R. había fotografiado y filmado a la mujer cuando ambos tenían una relación sentimental. Al terminar el nexo afectivo, el hombre exigió a la joven que lo visite en un local comercial, en el Centro Histórico de Cuenca, entre los meses de julio y septiembre del 2015.
El sentenciado, en el local comercial, amenazaba a la mujer con divulgar los videos y fotografías de contenido sexual que había realizado a su expareja y la obligaba a mantener relaciones sexuales, señala la investigación de la Fiscalía.
La fiscal Katherine Medina, de la Unidad Especializada en Violencia de Género, presentó en la audiencia los testimonios de los peritos que realizaron el informe psicológico y el reconocimiento del lugar de los hechos. También las versiones de una amiga y hermano de la víctima.
El caso fue procesado según el artículo 171, primer inciso, numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) que establece que “violación es el acceso carnal, con introducción total o parcial del miembro viril, por vía oral, anal o vaginal; o la introducción, por vía vaginal o anal, de objetos, dedos u órganos distintos al miembro viril, a una persona de cualquier sexo. Quien la comete, será sancionado con pena privativa de libertad de diecinueve a veintidós años”.
La Sala de Garantías Penales del Azuay valoró las pruebas y determinó la responsabilidad del procesado, por lo que dictó ratificó la pena. Además, “se consideró la circunstancia agravante del artículo 48, numeral 9, del mismo cuerpo legal: cuando el agresor conoce a la víctima con anterioridad a la comisión de la infracción”, señala la Fiscalía.
Los jueces también ordenaron el pago de USD 5 000 como reparación integral a la víctima.