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El Tribunal de Garantías Penales de la Unidad Judicial Sur de Quitumbe dictó una sentencia de 26 años contra el responsable de un femicidio , tras desestimar la versión de un suicidio con pruebas científicas. La justicia ecuatoriana cerró un caso que conmovió a la capital.
El pasado 18 de junio de 2026, el Tribunal impuso una sentencia de 26 años de privación de libertad a Gorky Adolfo P. N., señalado como el culpable del delito de femicidio cometido contra su expareja, la radióloga E.F.
El fatídico evento ocurrió el 12 de diciembre de 2023, cuando la víctima perdió la vida en circunstancias que el ahora sentenciado intentó presentar como un acto autolítico (suicidio).
La evidencia científica desmiente el engaño. El juicio, fundamentado en 29 pruebas presentadas por la Fiscalía, fue determinante para desmantelar la versión de la defensa.
El procesado sostenía que la joven se había inyectado propofol para quitarse la vida; sin embargo, los exámenes toxicológicos fueron categóricos: la sustancia no se encontraba en el torrente sanguíneo de la víctima.
Por el contrario, el perito médico-legal confirmó que la causa real de la muerte fue asfixia por estrangulación, un hallazgo que contradijo la hipótesis de suicidio.
Además, las pericias de inspección ocular revelaron una manipulación deliberada en la escena del crimen. Aunque se hallaron jeringas y frascos de anestésico, estos elementos fueron colocados estratégicamente para desviar la investigación.
Otro aspecto clave fue la nota manuscrita encontrada en el lugar, cuyo contenido buscaba exonerar al agresor.
Tras los análisis de documentología y grafología, los expertos confirmaron que los trazos caligráficos no pertenecían a la víctima, sino que coincidían plenamente con la caligrafía de Gorky Adolfo P. N., quien mostró inseguridades y tachones al redactar el documento falso.
Durante la audiencia de juzgamiento, el perito contable reveló otra faceta del abuso sufrido por la víctima: la violencia económica.
Se detectó una transferencia cercana a 15 mil dólares desde la cuenta bancaria de la joven hacia la cuenta del femicida, confirmando un patrón de control y asimetría dentro de la relación.
Tras la deliberación, los jueces ordenaron que el condenado pague una multa de 1 000 salarios básicos unificados y una reparación integral de 20 mil dólares a los familiares de E.F.
Adicionalmente, el Ministerio de Salud Pública deberá brindar acompañamiento psicológico a los allegados. El Tribunal ratificó medidas de protección, incluyendo una boleta de auxilio y la prohibición de acercamiento, para garantizar la seguridad de la familia de la víctima.
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