
La lucha contra el microtráfico en Quito obtuvo un resultado judicial significativo. Un Tribunal Especializado para el Juzgamiento de Delitos de Corrupción y Crimen Organizado dictó una sentencia de 19 años de privación de libertad contra Luis David A. G., tras hallarlo culpable del delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.
La investigación comenzó el 12 de mayo de 2025, cuando denuncias ciudadanas y reportes de inteligencia alertaron sobre movimientos sospechosos en una vivienda del sector Conocoto.
Agentes antinarcóticos de la Policía Nacional realizaron labores de vigilancia durante tres meses y confirmaron que diversas personas acudían al sitio y salían con fundas que aparentaban contener productos alimenticios.
Tras obtener la autorización de los propietarios del inmueble, los uniformados ingresaron a la habitación donde residía el sospechoso. Durante el procedimiento, Luis David A. G. entregó voluntariamente las sustancias:
Durante la audiencia de juicio, la Fiscalía General del Estado presentó un robusto expediente probatorio. El tribunal escuchó los testimonios de los agentes aprehensores y del perito químico que validó la pureza de la droga. Además, las declaraciones de los dueños de casa fueron fundamentales para ratificar el flujo constante de “clientes” que frecuentaban el lugar.
La defensa del procesado no pudo desvirtuar la modalidad de tenencia o posesión en alta escala, una de las categorías más graves contempladas en la legislación penal ecuatoriana para este tipo de delitos.
La condena de 19 años se fundamenta en el artículo 220, numeral 1, literal c, del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Esta normativa sanciona con el máximo rigor a quienes posean sustancias ilícitas en cantidades que superen los umbrales establecidos para la alta escala. Busca desarticular las redes que alimentan el consumo interno en los barrios de la capital.
Con esta resolución, el sentenciado deberá cumplir su pena en un centro de rehabilitación social de la provincia. Las evidencias incautadas fueron destinadas a su destrucción inmediata bajo custodia oficial.
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