De pie, junto a la secretaria de un juzgado penal de Pichincha, Claudia O. esperaba cerca de una hora para ser atendida por el juez, el viernes pasado. Desesperadamente intentaba encontrar ayuda para su hijo, detenido desde hace seis meses: en vano buscaba al funcionario que lleva el caso.
Luego de unos minutos, el juez le informó que aún no ha revisado los recursos legales de su abogado. Claudia se desató en llanto. “¿Por qué la justicia es así? ¿Hay que tener dinero para que nos ayuden?”, exclamó.
Un estudio de la percepción de los usuarios sobre los servicios de justicia en el Ecuador, del año pasado, indica que el 31% de los encuestados en el país considera que para acceder a la justicia se deben conocer, en primer lugar, los derechos ciudadanos. Tener la razón está en segundo lugar, con el 28% y en tercero tener dinero, con el 17%. Según las encuestas de Projusticia, tener un buen abogado, contacto en las dependencias, ser inocente, caerle bien al funcionario y ser de un partido político también consideran necesarios para acceder a la justicia.
Para el jurista Milton Castillo, el sistema judicial en América Latina es diseñado para que funcione bajo la lógica capitalista de oferta y demanda. “Por eso, la gente siente que debe tener dinero para agilizar el proceso y que el juez conozca más rápido el problema”.
Desde el principio constitucional de justicia gratuita -dice Castillo- uno se topa con la realidad del procedimiento; como hay mucha demanda, la única forma para que funcione es tener la posibilidad de acelerar las causas con el juez o con empleados judiciales.
Claudia ha gastado en el juicio de su hijo, inculpado por un asesinato, cerca de USD 3 500 desde hace seis meses. Pagó a un abogado y a gente que le ayude a agilitar el caso. Solo pudo obtener esa plata con la ayuda de sus familiares; incluso se ha visto obligada a vender caramelos en los buses.
se analiza la calidad de la administración del Poder Judicial. En este campo se encontraron seis falencias. Una de las principales fallas es que los servicios de justicia no obedecen a procedimientos rigurosos que aseguren la calidad y garanticen los derechos ciudadanos.
El jurista Gustavo Medina dice que el Código de Procedimiento Civil establece pasos para reclamar los derechos. Se determinan los caminos a seguir en un procedimiento penal. Pero -aclara- la capacidad instalada de la administración de justicia no ha crecido paralela a la complejidad de la sociedad ecuatoriana.“El nuevo Código Orgánico de la Función Judicial, en lugar de facilitar la relación del juez y de quienes intervienen en los procesos, determina que este no puede recibir a una de las partes si es que no notifica al otro involucrado. Eso afecta porque la manera más directa para que el juez halle la verdad es escuchar a las partes e investigar los hechos de cada una”.
Otro problema, según el estudio, es que no hay procesos definidos que articulen procedimientos y conecten las competencias de fiscales, jueces y defensores para resolución de las causas.
El penalista Rodrigo Chiriboga considera que la falta de conexión retarda los procesos, pero que esa es una estrategia que utilizan los abogados para atrasar el procedimiento buscando que caduquen las prisiones preventivas.
Se suman la inexistencia de un monitoreo de los procesos, desde su ingreso hasta su resolución; las carencias técnicas; el manejo inadecuado de información y los bajos índices en la productividad.
A pesar de sentirse otra más de las víctimas del sistema judicial, Claudia hará todo lo que ella pueda para agilitar la excarcelación de su hijo.