María del Carmen Maldonado -presidenta del Consejo de la Judicatura- explicó que el sueldo de los jueces destituidos será calculado de acuerdo al número de años que dejaron de trabajar, incluidos beneficios de la ley. Foto: Archivo/ EL COMERCIO.
La sentencia de la Corte Constitucional emitida el pasado 29 de julio del 2020 establece dos aspectos. El primero es que el Consejo de la Judicatura (CJ) ya no podrá destituir a jueces, fiscales y defensores públicos por negligencia, dolo y error inexcusable (aplicación errónea de la ley) sin antes contar con la orden de un juez superior al funcionario denunciado.
El segundo es que el fallo tendrá efectos retroactivos también para jueces, fiscales y defensores públicos que hayan sido destituidos por esos tres tipos de infracciones.
La retroactividad regirá solo en los casos en que los judiciales afectados hayan presentado acciones de protección y estas continúen abiertas.
Es decir, el Consejo de la Judicatura tiene que restituirles sus puestos de trabajo y repararlos económicamente.
¿Cómo se calculará la reparación?
Según María del Carmen Maldonado, presidenta de la Judicatura, se calculará el sueldo por el número de años que dejó de trabajar, más los beneficios de ley.
Por ejemplo, si un juez ganaba USD 5 000 al mes, solo por un año que haya dejado de trabajar tras haber sido separado, la Judicatura deberá pagarle USD 60 000 más otros beneficios. Además, deberá devolverle el puesto.
Si ese mismo juez fue separado en el 2010, el CJ deberá pagarle USD 600 000. De hecho, ese año fueron separados ocho judiciales. Entre el 2010 y el 2018, 208 funcionarios fueron destituidos por error inexcusable y negligencia.
Hoy, ellos dicen que fueron perseguidos por el correísmo.
Maldonado aseguró que la entidad actualmente no cuenta con el dinero para esa reparación.
Los nombres de los 208 constan en el informe de la Mesa de la Verdad y Justicia. Su presidenta es la exjueza Beatriz Cadena.
Ella fue destituida en octubre del 2015 cuando se desempeñaba como jueza del Tribunal Contencioso Administrativo de Pichincha.
Cuando estaba en funciones ganaba un sueldo mensual de USD 5 011. Ahora tendría que ser indemnizada con USD 295 649.
Lo mismo ocurre con Nancy Redrobán. En noviembre del 2016 fue separada como jueza de la unidad penal de Ambato. La Judicatura la destituyó por negligencia. Ella ganaba USD 3 200. Es decir, como reparación debe recibir USD 147 200
Otro ejemplo es el de Eller Veas, quien trabajó como fiscal de Santa Elena. Fue destituido en mayo del 2013 por error inexcusable.
Como fiscal percibía un sueldo de USD 3 700. Ahora, con el fallo de la Corte, tendrá que recibir USD 329 300 por los sueldos no percibidos.