Norma R. pone alas de pollo recién aliñadas en una olla. Por las tardes monta su negocio en una esquinas de la Isla Trinitaria, en el sur de Guayaquil. La idea de vender alitas a USD 1 nació de una necesidad económica. Cada vez que ella presentaba su certificado provisional de solicitante de refugio le negaban el empleo.
Ella dejó Colombia en diciembre pasado. Con las ganancias mantiene a cinco hijos. “No venimos a que nos regalen nada, solo queremos una oportunidad”, sentencia, mientras sigue maniobrando la estufa.
Esta familia es parte de los 155 961 extranjeros que han solicitado asilo en el país desde 1999. Norma R. quiere estar en la lista de refugiados urbanos.
Según el Servicio Jesuita de Refugiados y Migrantes, el 60% de refugiados en Ecuador se ubica en Quito y en Guayaquil. Norma R. y su familia llegaron a la urbe porteña porque se sienten más tranquilos “lejos de la frontera”.
Ellos dejaron Tumaco, poblado fronterizo de Colombia, días después de que su esposo presenciara un crimen. “Asesinaron a mi amigo y yo solo corrí. Dijeron que me iban a matar. Entonces nos venimos todos”, dice su esposo. Él buscó trabajo como albañil pero tampoco tuvo éxito.
Ambos poseen las credenciales provisionales otorgadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Les preocupa el no adquirir la identificación de refugiados. “Volver a Colombia no es una opción. Tuve vecinos que regresaron tres años después de irse y murieron abaleados”, cuenta Norma R.
Ella no es la única que lucha por aquel documento. También está Gloria C., quien vive en Ecuador desde hace 30 años; en ese período tuvo ocho hijos.
Junto a 36 mujeres más, ella participó en un conversatorio con António Guterres, Alto Comisionado de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur). Hoy su agenda se realizará en Quito.
Luego del diálogo con Guterres, Gloria C. contó que labora como trabajadora doméstica. Recibe USD 220 mensuales -menos que el sueldo básico- y trabaja 12 horas al día. “Me dicen que no me afilian al Seguro (Social) porque no tengo los papeles en regla”.
Junto a ella camina su hija Yenny, de 22 años. Del bolsillo de su pantalón saca su cédula de identidad. En aquel documento figura como huérfana.
En la cédula de la joven constan los apellidos de una amiga de su mamá. “Como no tiene los documentos de refugiada (Gloria C.) no me pude inscribir con el apellido de mi madre”, explica.
Desde hace dos años ella posee ese documento. Cuando cursó la primaria fue inscrita con otros apellidos. “Ahora que tengo la cédula, es como si no fuese mío. No puedo seguir estudiando”, dijo.
Diálogo en la Trinitaria
El alto comisionado António Guterres expresó que implementarán un plan para reducir la discriminación a los refugiados. Las charlas se dirigen en principio a autoridades policiales.
Billy Navarrete, director del Comité Permanente por la Defensa de los DD.HH., dijo que el no tener documentos crea miedo al encuentro con la Fuerza Pública.
Según un estudio de la Flacso y Acnur, el 52% de los refugiados en Ecuador tiene inconvenientes para estudiar por la falta de documentos en regla.
Los asistentes al diálogo con el Comisionado expresaron que son víctimas de discriminación. La mayoría es segregado por ser colombiano y refugiado.