Red de coyoteros en Ambato cobraba hasta 31 000 dólares por viaje
Tras meses de investigación, la Fiscalía General del Estado logró procesar a cuatro implicados en tráfico ilícito de migrantes
Una red de tráfico ilícito de migrantes ofrecía traslados irregulares hacia Estados Unidos bajo engaños. Una víctima pagó cerca de 31 000 dólares antes de ser deportada.
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Investigación y procesamiento de los involucrados
La investigación de la Fiscalía General del Estado, en conjunto con la Unidad Nacional Contra el Delito de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (Unat), se dio a conocer este lunes 13 de julio de 2026, y resultó en el procesamiento de cuatro personas por tráfico ilícito de migrantes.
Esta acción legal se ejecutó tras meses de recopilación de pruebas y coordinación con organismos internacionales.
Situación jurídica de los procesados
Durante la audiencia de formulación de cargos, el Juez de Garantías Penales a cargo del caso acogió la solicitud de la Fiscalía. Se dictó prisión preventiva para Milton Andrés S. N. y Segundo Vicente G. H.
Por otro lado, para Dayana Lisseth S. P. y Jonathan Fernando R. T., quien es policía en servicio activo, la autoridad judicial impuso medidas alternativas, como la prohibición de salida del país y presentaciones periódicas ante la justicia. El periodo de instrucción fiscal se extenderá por 90 días.
Modus operandi y ruta migratoria
El caso se originó tras la denuncia presentada por una víctima en septiembre de 2025, con el respaldo del Servicio de Seguridad Diplomática de la Embajada de Estados Unidos.
La red contactaba a los ciudadanos mediante ofertas de traslado irregular, solicitando sumas elevadas de dinero.
Los migrantes eran movilizados a través de rutas peligrosas que cruzaban Colombia, El Salvador y México, con destino final en la frontera sur de EE.UU.
El esquema financiero exigía pagos parciales. Una de las víctimas documentadas desembolsó 31 000 dólares para el traslado de tres personas.
A pesar del pago, al ingresar irregularmente a territorio estadounidense, fueron interceptadas por las autoridades migratorias y devueltas a Ecuador.
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Evidencia presentada en el caso
La Fiscalía presentó informes investigativos, registros migratorios, documentación bancaria y el resultado de interceptaciones telefónicas autorizadas.
Según el artículo 213 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), este delito se castiga con penas de siete a 10 años de prisión.
- Informe extra: Migración irregular
