19 de October de 2011 00:02

Rechazo a penalización de jóvenes

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‘Un rotundo no”. Esa fue la respuesta del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (CNNA) y de colectivos sociales vinculados a la defensa de la niñez, frente a la propuesta hecha por el Gobierno para juzgar como adultos a los adolescentes que tienen desde 16 años.

[[OBJECT]]El artículo 30 del proyecto de Código Orgánico Penal Integral remitido por el Ministerio de Justicia a la Asamblea plantea que “las y los adolescentes en conflicto con la ley penal, que hubieren cumplido 16 años al momento de cometer una infracción penal serán imputables penalmente”. Este es parte de las reformas al Código de la Niñez y Adolescencia.

Expertos en Derecho y especialistas en asistencia a niños y adolescentes, lo consideran un retroceso a las garantías y derechos.

Sara Oviedo, secretaria ejecutiva del CNNA, insistió en “un no definitivo a la propuesta. En este debate que nos han propuesto nos mantendremos consecuentes con los mandatos del Código de la Niñez y Adolescencia, como el de garantizar sus derechos”.

Doris Moreno, abogada del CNNA, y Fernando López, director ejecutivo de Defensa de los Niños Internacional Ecuador, coincidieron en que la propuesta del Gobierno constituye un retroceso en los logros sobre derechos humanos. “Se entiende desde la doctrina de estos derechos que no es posible retroceder en los avances. El país se iría en contra de los instrumentos internacionales que como país ha firmado y ha ratificado”, dijo López.

Moreno agregó que “implica que sean juzgados como adultos a partir de los 16 años y que no se rijan bajo la normativa del Código de la Niñez y Adolescencia, sino del Código Penal”.

Para la jurista, eso sería inconstitucional considerando la normativa sobre derechos humanos. “Esta normativa establece que los derechos no pueden ser menoscabados o anulados por una norma posterior como lo consagra el artículo 11, numeral 9, de la Constitución”.

Aparte de que afectará a los tratados y convenios internacionales que Ecuador firmó y los ratificó. Entre otros, el país es partícipe de la Convención de Derechos del Niño de Naciones Unidas desde 1990 y de la Declaración del Niño, de la ONU, desde 1959.

Además, que en el artículo 175 de la Constitución se refiere a un sistema de justicia especializada en niñez y adolescencia. En el momento, el país cuenta solo cinco jueces especializados.

Según el CNNA, tampoco hay una justificación contundente para este planteamiento, considerando que es baja la incidencia de casos. Por ejemplo, de 923 retenidos, solo el 13% es investigado por delitos contra las personas y solo 70 (7,5%) son reincidentes.

Esta tesis ya tuvo un primer debate a principios del 2011, en especial cuando movimientos políticos plantearon algunas reformas al Código Penal ante la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea. Según María Paula Romo, presidenta de esa comisión, fueron varias las propuestas.

La Secretaria Ejecutiva del CNNA dijo que “conseguimos que eso no pase y desde entonces la posición del Consejo ha estado muy clara. Nuestra contrapropuesta es que se sancione con más años de prisión a los adultos que llevan a los adolescentes a este tipo de cosas”.

El sociólogo López señaló que “es una de las peores respuestas que puede dar el Estado a un problema como el delito entre adolescentes. Esa situación responde a situaciones de inequidad social y de ausencia del Estado en sectores marginales”. Agregó que el problema de los adolescentes en conflicto con la ley penal no puede resolverse desde lo punitivo, sino desde la prevención. “Es una respuesta a la ineptitud del Estado e inoperancia de la Justicia”.

Incluso contra la Constitución determina al señalar que el sistema de ejecución de penas tiene la finalidad la reintegración social de las personas que han infringido la ley. Entonces “surge una pregunta: ¿es posible que un chico que ha infringido la ley pueda reintegrarse socialmente si yo le juzgo como adulto y le meto a una cárcel de adultos donde va ser violado, golpeado y extorsionado?

Moreno dijo que debiera existir un cambio en el manejo del lenguaje. No como adolescentes infractores porque desde ya se está juzgando, sino como adolescentes en conflicto con la ley penal.

Actualmente, la regulación para el juzgamiento de adolescentes está dada en el Código de la Niñez y Adolescencia. Pero con la propuesta de reformas se anularía. De allí que el CNNA planteará que, al menos, se incluya un capítulo íntegro sobre este tema.

Esta propuesta está ya en debate en las redes sociales y entre organizaciones como el Consejo Consultivo Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes del Ecuador. Este, en un manifiesto, insiste que “el sistema de justicia no debe permitir la impunidad de quienes son efectivamente responsables de este tipo de delitos”.

La norma actual frente al proyecto

La edad de un joven para ser detenido bajaría de 14 a 12 años

Código de la Niñez vigente

Art. 2
Sujetos protegidos. Las normas del presente Código son aplicables a todo ser humano, desde su concepción hasta que cumpla 18 años.

Art. 305
Los adolescentes son penalmente inimputables  y, por tanto, no serán juzgados por jueces penales ordinarios ni se les aplicarán las sanciones previstas en  leyes penales.

Art. 369
La privación total  de la libertad del adolescente infractor se aplica únicamente a adolescentes infractores mayores de 14 años, excepto en casos de asesinato, violación, plagio  y robo con   muerte. La sanción máxima:  4 años de medidas socioeducativas.

Propuesta Código Penal

Art. 30
Las y los adolescentes en conflicto con la ley penal ,  que hubieren cumplido 16 años de edad al momento de cometer una infracción penal establecida en este Libro, serán imputables penalmente.

Art. 784
Las y los adolescentes que aún no hayan cumplido 16 años  serán inimputables penalmente, pero serán responsables por el cometimiento de infracciones penales. Se les aplicará un régimen de medidas socioeducativas.

Art. 827
Detención.  Quienes tienen desde 12 hasta menos de 16 años   serán detenidos. La sanción máxima: 6 años de medidas socioeducativas (art. 45).

Punto de vista
Felipe  Ogaz   /   Activista
‘Es una  política  represiva’
 
Este tema (menores infractores) es  muy preocupante. Estamos  preparando jornadas de movilización  para oponernos a esa política, porque es represiva y   no da ningún  resultado.

Creo que la derecha ha sido muy efectiva queriendo culpar a los menos responsables de la criminalidad: niños y adolescentes. Entonces, son más un chivo expiatorio de  quienes   no quieren ver el real problema de la delincuencia  que es la pobreza y  la   marginación.      
    
Nuestra propuesta es que se mantengan y se refuercen los temas especiales para niños, niñas y adolescentes. Los menores infractores deben tener un tratamiento para adolescentes infractores y lo mismo para los niños. Lo que se tiene que hacer es reforzar eso, para que  haya una rehabilitación.

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