
La Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia declaró improcedente por unanimidad el recurso de casación planteado por la defensa del exagente policial, dejando en firme la sentencia impuesta por el caso María Belén Bernal en Ecuador.
Con esta decisión emitida este viernes 7 de agosto de 2026, la justicia ratificó de manera definitiva la pena máxima de 34 años y 8 meses de prisión para Germán Cáceres, al confirmarse su responsabilidad como autor del delito de femicidio en la ciudad de Quito.
El fallo pronunciado por los magistrados del alto tribunal rechazó la impugnación de la defensa tras evaluar los argumentos presentados por la Fiscalía General del Estado en el caso María Belén Bernal.
La resolución ratificó la condena dictada inicialmente en mayo de 2023 por un tribunal de Pichincha y posteriormente confirmada en mayo de 2025 por la Corte Provincial.
Asimismo, el dictamen mantuvo de forma categórica el estado de inocencia del subteniente Alfonso C., desestimando cualquier responsabilidad penal en su contra dentro de la causa.
El crimen ocurrió la madrugada del 11 de septiembre de 2022, fecha en que la abogada María Belén Bernal Otavalo ingresó a las instalaciones de la Escuela Superior de Policía “Alberto Enríquez Gallo”, ubicada en la capital, para encontrarse con su esposo, el entonces teniente Germán Cáceres.
Tras confirmarse su desaparición dentro del recinto policial, las labores de búsqueda concluyeron el 21 de septiembre de 2022, cuando las autoridades localizaron sus restos mortales en el cerro Casitagua, en las cercanías del inmueble institucional.
Las investigaciones establecieron que Cáceres perpetró el femicidio y posteriormente procedió a ocultar el cadáver de su esposa en la zona montañosa.
Días después del suceso, el exagente se dio a la fuga y permaneció prófugo de la justicia hasta su localización y captura en territorio colombiano durante el mes de diciembre de 2022, siendo trasladado de inmediato a Ecuador.
En mayo de 2023 fue juzgado y declarado culpable tras confesar la comisión del delito frente a los tribunales.
A casi cuatro años del femicidio que conmocionó al país, la resolución judicial de la Corte Nacional deja la condena en firme, pero no agota las demandas de los allegados de la víctima.
Para la familia de la profesional del Derecho, las discusiones sobre la administración de justicia persisten frente a las actuaciones posteriores al hecho y lo sucedido en el interior de la escuela policial, manteniendo la exigencia de un esclarecimiento integral de todos los acontecimientos vinculados al caso.