Ramiro González enfrenta 3 procesos; un bien de Larrea es hallado en Miami
Así apareció el exministro Ramiro González tras ser detenido la tarde del martes en el barrio Miraflores, ubicado en Lima, Perú. Foto: Cortesía
Ramiro González apareció con barba y cabello cano. Así se mostró el exministro correísta en las primeras imágenes que este miércoles 10 de abril del 2019 se filtraron luego de que la tarde del martes fuera capturado en Lima, Perú.
Un poco después de las 10:00, la ministra del Interior, María Paula Romo, se presentó públicamente y dijo que “se está entregando toda la información” a esa nación, para el retorno del exfuncionario.
Un poco antes de que se realizara el anuncio, desde Lima se confirmó que el detenido presentó ante las autoridades una solicitud de refugio. Este dato fue confirmado en Quito.
Este Diario revisó la Ley 27.891 y en el artículo 3 se dice que ese Estado considera refugiados a aquellos perseguidos por la raza, religión, nacionalidad, por haber sido víctima de violaciones a los DD.HH., etc.
Para Ecuador, el caso del exministro no se enmarca en ninguna de esas categorías, sino que hay procesos judiciales pendientes en su contra.
En los archivos de la Función Judicial aparecen expedientes abiertos por presunto tráfico de influencias, supuesta defraudación tributaria y por posible peculado.
En el primero no solo está señalado él, sino también lo estuvo María Sol Larrea, a quien González nombró primero directora del Hospital Carlos Andrade Marín y luego coordinadora general del Seguro Social. Cuando fue posesionado en el Ministerio de Industrias, la nombró asesora. Ambos pertenecían al partido político Avanza.
En la causa abierta por tráfico de influencias, Larrea admitió su culpabilidad y el 1 de octubre del 2018 pagó su condena de 12 meses (actualmente cumple otra sentencia).
El 8 de enero del 2018, en el momento en que el fiscal José Maldonado tomó la versión desde la cárcel de Latacunga, Larrea aseguró: “Yo sé y conozco que fue de interés del economista Ramiro González la adjudicación de este proceso a la empresa (que ganó), presionando a los miembros de la Comisión Técnica para su adjudicación final”.
La exfuncionaria se refería a la contratación de un servicio de limpieza para los hospitales de Santo Domingo y Babahoyo, por USD 2,9 millones.
La Contraloría concluyó que ella solicitó la aprobación del gasto, pese a que no hubo “la necesidad de (contratar) los servicios de limpieza”.
Cuando el fiscal y los abogados de González intentaron repreguntar, Larrea se negó a contestar las interrogantes.
Ahora, el abogado del exministro dijo que a su cliente le persiguen, porque fue parte del gobierno de Rafael Correa.
En el caso de defraudación tributaria, el Servicio de Rentas Internas (SRI) determinó que entre el 2012 y el 2016, el exministro recibió acreditaciones por USD 2,2 millones, pero declaró USD 391 168. Las sospechas se levantaron por el saldo de USD 1,8 millones.
“Doy estos datos, porque estamos seguros de que la estrategia de defensa en el Perú es declararse perseguido político; varias personas involucradas en este tipo de casos así lo han hecho, y por eso me adelanto a decir que el tipo de delito tiene pruebas concretas. Hay evidencias de una diferencia de ingresos de USD 1,8 millones”, sostuvo Romo.
En este expediente, el último escrito judicial data del 12 de diciembre del 2018. Ese día, la Secretaría de la Sala Penal de la Corte Nacional certifica que sobre el exministro pesa una “orden de detención con fines de investigación”.
El 13 de diciembre del 2017 se emitió otra orden de prisión preventiva en el delito de presunto peculado.
En ese expediente también estuvo procesada Larrea, pero en marzo pasado el fiscal del caso la excluyó del expediente.
Este fallo deberá ser ratificado o negado por la Fiscalía Provincial de Pichincha. El caso llegó a esas oficinas esta semana. La defensa de Larrea explicó que oficialmente esa entidad tiene 30 días para pronunciarse al respecto.
El caso desató polémica, porque el último fiscal que tomó el caso, Alejandro Vásconez, revisó 70 carpetas del expediente y se abstuvo de acusarla.
Esta indagación se desprendió de un informe de Contraloría con indicios de responsabilidad penal, en el que se detalla que -en el 2011- la excoordinadora del IESS y un contratista adquirieron USD 30 millones en equipos oftalmológicos que “no eran requeridos”.
El primer fiscal que conoció el caso fue José Maldonado, quien inició la fase de investigación pública en el 2018.
Luego, el fiscal Homero Cepeda asumió el caso en enero del 2019 y pidió que se vinculara a Larrea. Después asumió la causa la agente María Susana Rodríguez, quien incluso pidió fecha y hora para la audiencia preparatoria de juicio.
Pero todo cambió cuando la causa pasó al despacho del fiscal Alejandro Vásconez.
Si la Fiscalía Provincial de Pichincha se ratifica en ese pronunciamiento, Larrea podrá salir libre en octubre de este año, luego de cumplir los 20 meses de condena por enriquecimiento ilícito.
La defensa alegó que su clienta es inocente.
Este miércoles 10 de abril del 2019, la Secretaría Anticorrupción dijo haber descubierto en Miami, EE.UU., un departamento de Larrea avaluado en USD 440 000.
La entidad entregó toda la información en la Fiscalía General del Estado, para que allí se determinara si se cometió o no un delito, pues ese bien no estaría declarado oficialmente. El abogado de la procesada, Emiliano Donoso, indicó que el bien fue comprado cuando ya no era funcionaria pública y que no hay delito.
En contexto
El exministro de Industrias y expresidente del IESS, Ramiro González, estuvo prófugo desde agosto del 2017. El exfuncionario huyó antes de que los agentes llegaran a su casa. Las autoridades de entonces dijeron que pudo haber sido alertado del operativo.
Cronología
Febrero 2019
Ramiro González llega a la Presidencia del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y posesiona a María Sol Larrea como directora del hospital Carlos Andrade Marín. Luego fue coordinadora general del Seguro Social.
Agosto 2017
Los policías y la Fiscalía montaron un operativo y detuvieron a María Sol Larrea y a su esposo, mientras intentaban salir del aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, rumbo a EE.UU. Desde entonces comenzó toda la investigación y fue recluida en la cárcel de Latacunga.
Agosto 2017
Los agentes inician un operativo en la madrugada en contra de Ramiro González, pero el exfuncionario logra huir. Los policías detuvieron a su esposa, quien luego salió en libertad con grillete electrónico. En el operativo se decomisaron computadoras.
Abril 2019
La ministra del Interior, María Paula Romo, anunció en su cuenta oficial de Twitter, que González fue capturado en Lima, Perú. Dijo que la aprehensión se produjo por un trabajo que el Gobierno realizaba hace mucho tiempo. Comienzan los trámites para traerlo.