La casa del exgerente de Petroecuador, Álex Bravo, es uno de los bienes incautados. Foto: Inmobiliar.
Las órdenes judiciales no se cumplen. Entre el 2009 y el 2019, los jueces ordenaron incautar bienes de unas 34 personas procesadas por corrupción, pero Inmobiliar, la entidad que administra los bienes inmuebles del Estado, admite que solo tiene en su poder 14 propiedades de cuatro involucrados.
En esta lista aparecen casas, departamentos, oficinas y vehículos de Carlos Pareja Yannuzzelli, de Álex Bravo, de una exfuncionaria y de un excontratista, enjuiciados por cohecho en el caso Petroecuador.
¿Qué sucede con el resto? Esta semana, EL COMERCIO estuvo en Inmobiliar y habló con el coordinador general de Asesoría Jurídica, Ronald Baidal.
El funcionario explicó el trámite que se debe cumplir para que un bien pase a ellos e indicó que la entidad no puede incautar las propiedades sin contar con un acta de entrega.
“El juez (luego de emitir su fallo) debe disponer a la Policía Judicial que incaute. Los policías, a su vez, deben pasarnos eso, a través de cadena de custodia. Inmobiliar no es un ente aprehensor. A nosotros solo nos entregan”, aseguró.
Según los fallos judiciales, esa entidad debería tener ya en su poder las propiedades de antiguos ministros, gerentes, directores, técnicos, empresarios y abogados imputados.
En un inicio, la entidad tenía la facultad de custodiar, administrar y rematar las propiedades decomisadas en expedientes por lavados de activos, narcotráfico, terrorismo, trata de personas y tráfico de migrantes. Así lo señalaba el artículo 1 del Reglamento de Inmobiliar,
Luego de los escándalos en el caso Odebrecht, el presidente Lenín Moreno amplió el área de acción del organismo a través del Decreto 503, firmado el 12 de septiembre del 2018.
Desde hace seis meses, la entidad tiene el aval para custodiar lo incautado en juicios por peculado, concusión, enriquecimiento ilícito, cohecho, testaferrismo y enriquecimiento privado no justificado.
Pero en casos como Cofiec, cuyo trámite judicial comenzó en el 2014, Inmobiliar no registra bienes retenidos. En este expediente está procesado Pedro Delgado, expresidente del Banco Central, prófugo desde el 2012 en Estados Unidos.
Desde el 2017, la Fiscalía ha detectado propiedades y cuentas bancarias del exfuncionario en Miami. En ese año, el juez ordenó iniciar un trámite de cooperación judicial internacional para incautarlos. Pero no ha ocurrido hasta hoy.
Delgado registra tres inmuebles en Miami-Dade, en Florida. Estos se encuentran ubicados en la calle Ives Diary Road, 19380, en avenida Collins y la dirección 1864 NE 214 TH Ter. Además, tiene la compañía Integrare America Consulting Group y cuentas bancarias.
En Ecuador, oficialmente no registra activos.
Contra el empresario Gastón Duzac también se ordenó el decomiso de sus bienes en el 2015. En su caso se determinó que no posee ninguno en el Ecuador. Pero sí los tienen en Argentina, en donde tampoco el Estado ha logrado incautar a través de asistencias penales.
En ese mismo año, el exministro del Deporte, Raúl Carrión, fue sentenciado a cuatro años de cárcel por peculado.
Los jueces ordenaron el embargo de sus propiedades por USD 20 000. Su caso es igual: Inmobiliar no registra activos del exfuncionario que ahora estén bajo su custodia.
En expedientes más recientes, contra Frenando Alvarado, Iván Espinel, Carlos Ochoa, Sofía Espín y otros que se abrieron entre el 2018 y 2019, los jueces han ordenado la prohibición de enajenar los bienes. Esto significa que no podrán ser vendidos ni traspasados a otras personas hasta que haya una sentencia.
En cambio, en los juicios en contra de María Sol Larrea, excoordinadora del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), sus activos sí tienen orden de embargo. Pero Inmobiliar no los registra.
Ella cumplió una condena de 12 meses por tráfico de influencias y en junio terminará la pena por enriquecimiento ilícito. Con esto podrá salir de la cárcel de Latacunga.
¿Es posible que las propiedades estén incautadas por otras entidades y no hayan pasado a Inmobiliar? “Es posible, pero si lo han hecho, hay que preguntarle a la Policía o la Fiscalía, por qué no han procedido a entregarlos”, afirma Baidal.
Sin embargo, la Policía Judicial cuenta con el sistema SISBienes. Pero en esa base de datos no constan los bienes producto de la corrupción, sino de la criminalidad.
Este Diario cruzó información con los fiscales que trataron casos vinculados a la corrupción y dijeron que la decisión de embargar es exclusiva del juez. “La autoridad debe controlar, no nosotros”, indicó uno de ellos. Otra agente contó que lo único que puede hacer la Fiscalía es insistir con el juez en la aplicación de las medidas. “Pero sin la orden legal no se hace nada”.
Los jueces se defendieron y aseguraron que los abogados aplican maniobras legales para evitar cualquier retención.
Además, aseguraron que los fiscales no les pasan la lista detallada de los bienes que tienen los sospechosos.
Baidal señala que tampoco existe un sistema informático al que tengan acceso jueces, fiscales, policías y el personal de Inmobiliar para que realicen el seguimiento y control de las órdenes de retención.