
El Ministerio del Interior, a través de la Subsecretaría de Migración ejecutó un operativo que resultó en la deportación de tres ciudadanos extranjeros considerados una amenaza para la seguridad pública en Quito.
Según información oficial, los individuos fueron identificados mediante una verificación documental exhaustiva y cruces de bases de datos internacionales. El Ministerio confirmó que los tres deportados presentaban antecedentes. Los sujetos eran un riesgo potencial para la integridad de los ciudadanos ecuatorianos y la estabilidad del orden público.
“Las investigaciones determinaron que los ciudadanos extranjeros operaban en líneas de transporte público de Quito, donde aprovechaban la alta afluencia de pasajeros para sustraer pertenencias”, detalló la Cartera de Estado.
Los extranjeros fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, quienes determinaron su expulsión inmediata del territorio nacional.
En paralelo, operativos en el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo de Guayaquil detectaron a una familia extranjera. Intentaban ingresar al Ecuador con documentación irregular.
Según reportes del Ministerio del Interior, la familia proveniente de Brasil presentó documentos de nacionalidad paraguaya que resultaron falsos o adulterados. La Subsecretaría de Migración utilizó la Red Atenas, un sistema de cooperación internacional para la identificación de ciudadanos, y confirmó que los viajeros eran ciudadanos bolivianos, no paraguayos ni brasileños como alegaban.
Ante esta irregularidad, las autoridades inadmitieron a toda la familia, impidiéndoles el acceso al territorio nacional. Los ciudadanos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para determinar procedimientos legales adicionales conforme a tratados bilaterales.
Los recientes operativos ejecutados en aeropuertos y controles fronterizos de Ecuador dejaron los siguientes resultados:
Las operaciones se reforzaron en controles en puntos de entrada internacional, enfocados en los aeropuertos: Mariscal Sucre (Quito), José Joaquín de Olmedo (Guayaquil) y Mariscal La Mar (Cuenca).
El Ministerio del Interior confirmó que estas acciones se ejecutan dentro del marco de tratados bilaterales y convenciones internacionales sobre migración, garantizando que deportaciones y extradiciones cumplan con los procedimientos legales establecidos.