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La detención de Aquiles Alvarez la madrugada de este 10 de febrero de 2026 abre un escenario de incertidumbre en la Alcaldía de Guayaquil. La Fiscalía General del Estado lo investiga en una nueva causa denominada caso Goleada, distinta al expediente Triple A que ya pesaba sobre el funcionario.
Alvarez figura entre once personas detenidas con fines de formulación de cargos por supuesta delincuencia organizada, lavado de activos y defraudación tributaria.
El operativo incluyó allanamientos y la incautación de dinero en efectivo. Pasadas las 10:00 de este martes, el alcalde de Guayaquil ya se encontraba en Quito para seguir con el proceso judicial correspondiente.
El director de la Escuela de Derecho de la UIDE, José Manuel Portugal, advierte que la gravedad del caso radica en que la imputación actual no guarda relación con Triple A, investigación ligada al presunto tráfico ilegal de combustibles subsidiados.
“La Fiscalía ahora formula cargos por lavado de activos, lo que eleva el nivel de riesgo jurídico y político”, explica Portugal. Además, la Fiscalía confirmó que, al momento de su detención, Alvarez no portaba el grillete electrónico que debía usar como medida cautelar en el caso anterior.
La retención del alcalde abre una interrogante clave: ¿qué ocurre con la Alcaldía de Guayaquil mientras Alvarez permanece privado de libertad? La normativa vigente permite una ausencia máxima de hasta tres días sin que se configure una falta formal, explicó Portugal.
Si se dicta prisión preventiva en la audiencia de formulación de cargos, prevista para hoy mismo, el alcalde deberá solicitar una ausencia temporal, pedir vacaciones o activar una figura legal que permita que la vicealcaldesa, Tatiana Coronel, asuma el despacho.
El escenario más complejo surge si se configura una ausencia definitiva. La ley establece que si un alcalde permanece fuera del cantón por más de 30 días sin autorización o justificación válida, implica la pérdida del cargo.
De concretarse esta causal, Aquiles Alvarez dejaría de ser alcalde, lo que profundizaría la crisis política en Guayaquil y obligaría al Concejo Municipal a aplicar los mecanismos de sucesión previstos en la ley, finalizó Portugal.
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