CC ordena que trabajadores de Cnel devuelvan millonaria suma; jueces serán investigados

La CC anuló un fallo que ordenaba a CNEL pagar $79 millones. Jueces y abogados serán investigados por posible prevaricato.

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La Corte Constitucional (CC) dejó sin efecto las sentencias de primera y segunda instancia que obligaban a la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) a pagar más de 79 millones de dólares a servidores públicos.

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El fallo, emitido el 14 de febrero y con ponencia de la jueza Karla Andrade, determinó que las decisiones previas vulneraron la seguridad jurídica al otorgar derechos colectivos a servidores administrativos que no debían beneficiarse de un contrato colectivo.

Como consecuencia, los beneficiarios de la sentencia anulada deben devolver los valores recibidos. La CNEL deberá ejecutar acciones para la recuperación de los montos, incluso a través de acuerdos de pago en un plazo máximo de 36 meses.

Además, la CC ordenó que se investigue a los jueces responsables de las resoluciones iniciales y que la Contraloría realice un examen especial para determinar responsabilidades.

Acción de protección desnaturalizada según la Corte Constitucional en caso CNEL que acusa a jueces de prevaticato

Según Edison Guarango, abogado constitucionalista, la Corte Constitucional resolvió que la acción de protección no puede ser utilizada para reclamos de índole laboral. Este mecanismo está diseñado exclusivamente para proteger derechos fundamentales y no para modificar regímenes laborales.

La CC determinó que los jueces excedieron sus competencias al otorgar beneficios económicos mediante esta vía.

Para la abogada y docente de la UIDE, Kathye Herrera, este fallo ratifica que los jueces desnaturalizaron el proceso al cambiar el régimen laboral de los servidores. La decisión de la Corte deja claro que los servidores administrativos de CNEL no podían acceder al contrato colectivo, pues su régimen de contratación es distinto al de los trabajadores sindicalizados.

Además, la Corte enfatizó que los jueces fallaron en contra de normativas expresas, lo que llevó a un perjuicio económico significativo para la empresa pública. Según los expertos, esto refuerza la idea de que los reclamos laborales deben resolverse en la justicia ordinaria y no mediante acciones de protección.

Investigación a los jueces y abogados

Para Guarango, la declaratoria de error inexcusable implica que el Consejo de la Judicatura debe iniciar un proceso administrativo contra los jueces que emitieron las resoluciones. Este tipo de errores graves pueden derivar en sanciones disciplinarias severas.

Herrera sostiene que, además de la destitución, los jueces pueden enfrentar un proceso penal por prevaricato si se determina que fallaron en contra de la normativa vigente.

El delito de prevaricato se configura cuando un juez resuelve en contra de la ley de manera deliberada, lo que puede derivar en penas privativas de libertad y la inhabilitación profesional.

Asimismo, la CC ordenó investigar a los abogados que presentaron la acción de protección. La posibilidad de que hayan incurrido en abuso del derecho será analizada por las instancias correspondientes, y en caso de confirmarse, podrían enfrentar sanciones administrativas y legales.

Precedente en la acción de protección

Ambos abogados coinciden en que la decisión de la CC sienta un precedente sobre el uso de la acción de protección en casos laborales. Este fallo refuerza la jurisprudencia que señala que este mecanismo no puede utilizarse para resolver disputas sobre derechos laborales.

Según Guarango, la Corte ha mantenido una línea jurisprudencial clara en este tipo de casos. Anteriormente, ha dictaminado que la acción de protección no es el mecanismo adecuado para modificar condiciones laborales ni para exigir beneficios contractuales no reconocidos por la ley.

Herrera añade que, aunque se mantiene la posibilidad de presentar acciones de protección, estas deben estar justificadas en una real vulneración de derechos. Si se demuestra que no hubo una afectación directa a derechos fundamentales, este recurso no debería prosperar, evitando así su mal uso.

Obligación de devolver los montos

Para Guarango, la sentencia de la CC es de cumplimiento obligatorio, por lo que los servidores públicos deben devolver los valores percibidos. La CNEL podrá establecer acuerdos de pago con los beneficiarios para facilitar la devolución de los montos, pero la obligación de reintegro es ineludible.

Herrera señala que, aunque algunos puedan argumentar haber actuado de buena fe, existe un perjuicio al Estado que debe ser reparado. Los fondos públicos utilizados indebidamente deben ser restituidos, independientemente de la intención con la que los servidores recibieron estos pagos.

Además, la Corte dejó abierta la posibilidad de que la CNEL inicie acciones legales para exigir el cumplimiento de la devolución. En caso de que los beneficiarios se nieguen a devolver los montos, la empresa podría recurrir a la vía judicial para garantizar el reintegro de los recursos.

Consecuencias legales para los involucrados

La CC ordenó investigar a los abogados que presentaron la acción de protección, pues habrían incurrido en abuso del derecho. Este abuso se configura cuando se utiliza una vía legal con un propósito contrario a su naturaleza, en este caso, para obtener beneficios económicos indebidos.

Según Herrera, esto podría derivar en sanciones administrativas para los abogados, que van desde multas hasta la suspensión de su ejercicio profesional. Si se comprueba que actuaron de manera dolosa, podrían enfrentar acciones legales más severas.

El delito de prevaricato de las o los jueces o árbitros es sancionado en el artículo 268 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), con privación de libertad de tres a cinco años.