Prisión preventiva y medidas cautelares para presuntas secuestradoras del abogado, en Quito
La investigación incorpora pericias, evidencias y medidas judiciales mientras continúa el esclarecimiento integral de los hechos.
La Fiscalía formuló cargos contra una mujer y su hija adolescente por su presunta participación en el secuestro extorsivo de un abogado ocurrido en Quito. Durante la audiencia de calificación de flagrancia, una jueza dispuso prisión preventiva para Mónica Esthela C. P., mientras que la adolescente recibió medidas cautelares que incluyen la prohibición de salida del país y presentaciones periódicas una vez por semana, conforme a la normativa aplicable para menores de edad.
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Detalles del secuestro
La investigación señala que el abogado permaneció retenido en un inmueble del sector de San Roque, en el centro de la capital. La Fiscalía sostiene que la víctima fue privada de su libertad el 4 de julio de 2026 y que los presuntos responsables exigieron 7 000 dólares para dejarlo en libertad. El proceso penal continúa mientras las autoridades recopilan los elementos para sustentar la acusación.
Cómo ocurrió el secuestro
Durante la audiencia, la fiscal de turno explicó que el abogado recibió el 4 de julio una llamada de una persona que simuló requerir sus servicios profesionales para un juicio de alimentos. Cuando acudió al encuentro acordado, varias personas lo obligaron a subir a un vehículo. Según la teoría del caso presentada por la Fiscalía, los implicados trasladaron al abogado hasta un inmueble ubicado en el sector de San Roque. Allí lo mantuvieron cautivo, maniatado y lo golpearon mientras permanecía privado de su libertad.
Exigencias y denuncia
La fiscal también expuso que, después del secuestro, la hermana del abogado recibió mensajes enviados desde el teléfono celular de la víctima. En esos mensajes, los responsables exigían el pago de 7 000 dólares a cambio de liberarlo. Tras la denuncia presentada por los familiares, agentes de la Unidad Antisecuestro y Extorsión (Unase) iniciaron las diligencias investigativas.
Operativo policial y rescate
Con apoyo de herramientas tecnológicas, lograron ubicar el lugar donde permanecía el teléfono celular del abogado. El operativo policial se ejecutó la noche del mismo 4 de julio. Los agentes ingresaron al inmueble y encontraron al abogado con vida, sentado en el piso y con visibles huellas de maltrato físico. La intervención permitió poner fin al cautiverio y detener a las dos presuntas implicadas.
Evidencias presentadas por la Fiscalía
Para sustentar la formulación de cargos, la Fiscalía presentó varios elementos de convicción obtenidos durante las primeras diligencias. Entre ellos constan: la denuncia presentada por la víctima, su versión, la pericia psicológica, el examen médico legal, la versión del agente aprehensor y el formulario único de cadena de custodia, además de otros indicios incorporados al expediente.
Decisión judicial y medidas cautelares
La jueza de Garantías Penales acogió el pedido de la Fiscalía y ordenó prisión preventiva para Mónica Esthela C. P. Además, concedió a la víctima las medidas de protección previstas en el artículo 558, numerales 2 y 3, del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Con esa decisión, la procesada no podrá acercarse al denunciante ni realizar actos de persecución o intimidación en su contra.
Cargos contra menor involucrada
En el caso de la adolescente de 16 años, una fiscal de la Unidad de Justicia Juvenil formuló cargos según el procedimiento establecido en la ley para personas menores de edad. La autoridad judicial dispuso la prohibición de salida del país y la obligación de presentarse semanalmente ante la autoridad competente.
Indicios recuperados durante el operativo
Durante el operativo, la Policía también levantó como indicios dos teléfonos celulares, un vehículo, un arma blanca, un bate y una cinta transparente de embalaje utilizada como objeto constrictor. Estos elementos se incorporarán a la investigación.
Contexto del caso
De acuerdo con información proporcionada por la Policía Nacional, el abogado había recibido 7 000 dólares por una defensa técnica. La institución indicó que familiares consideraban que el profesional los había estafado y exigían la devolución del dinero. Según las autoridades, esa exigencia derivó en el presunto secuestro extorsivo, ya que los responsables condicionaban su liberación a la entrega del monto mencionado.
