
Una alerta por el robo de motocicleta en Quito activó a unidades policiales en Carapungo, al norte de la ciudad el 13 de julio de 2026. Gracias al sistema de rastreo GPS, las autoridades localizaron el vehículo mientras circulaba, lo que permitió iniciar una persecución que concluyó en Pomasqui.
Según el reporte de la Policía, las unidades mantuvieron el seguimiento del vehículo desde Carapungo hasta Pomasqui.
En este último sector, interceptaron a un hombre identificado como Alex O. Durante el procedimiento, el sospechoso apuntó con un arma de fuego hacia los agentes.
DELINCUENTE ABATIDO MEDIANTE USO LEGÍTIMO DE LA FUERZA EN #QUITO
— Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) July 13, 2026
La #PolicíaEcuador atendió la alerta por el robo de una motocicleta en el sector de Carapungo. Mediante el sistema de rastreo GPS, nuestras unidades ubicaron el vehículo en circulación e iniciaron una persecución… pic.twitter.com/psCrcQuujl
Ante esta amenaza, una servidora policial disparó y lo abatió, según la versión oficial de la institución.
La Policía calificó la actuación de la agente como un uso legítimo de la fuerza. Sin embargo, no se detalló la duración de la persecución ni se reportó la aprehensión de otras personas involucradas.
La Ley Orgánica que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza permite a los policías emplear fuerza durante el cumplimiento de sus funciones.
Cada intervención debe respetar principios como legalidad, absoluta necesidad, proporcionalidad, precaución y humanidad.
El uso de un arma de fuego con munición letal se considera un recurso excepcional. La norma autoriza su uso solo cuando sea estrictamente inevitable y absolutamente necesario para proteger la vida del agente o de otras personas ante una amenaza inminente de muerte o lesiones graves.
A pesar de que la calificación inicial realizada por la Policía indica un uso legítimo de la fuerza, esta no determina por sí sola que la intervención cumplió todos los requisitos legales.
Las autoridades competentes deben analizar las circunstancias del procedimiento, las evidencias y el nivel de amenaza para establecer si el empleo de la fuerza fue necesario y proporcional.