Policías urbanos intervinieron cuando Diana Carolina fue tomada como rehén

Un altar se levantó en el lugar en el que Diana Carolina fue atacada mortalmente por su pareja. Foto: Washington Benalcázar / EL COMERCIO

Un altar se levantó en el lugar en el que Diana Carolina fue atacada mortalmente por su pareja. Foto: Washington Benalcázar / EL COMERCIO

Un altar se levantó en el lugar donde Diana Carolina fue atacada mortalmente por su pareja. Foto: Washington Benalcázar / EL COMERCIO

La gente se persigna, reza y se va. En el lugar donde se registró el femicidio de Diana Carolina, el sábado 19 de enero del 2019, en el centro de Ibarra, se levantó un altar. En la pared de una casa fue pegada su foto. Sobre la acera se colocaron flores, velas encendidas y un mensaje: ‘Más amor, menos guerras’.

Mujeres y hombres se acercan al lugar desde el lunes 21 de enero para honrar a la joven que fue atacada por su pareja. “Por qué no la salvaron”, dice uno. Habla de lo que pudieron haber hecho los policías.

Las investigaciones revelan detalles. Los policías que llegaron para intentar ayudar a la joven pertenecen al servicio urbano, porque la llamada que recibió el ECU-911 solo describía a una persona que agredía física y verbalmente a una mujer. Los uniformados se encontraron con un escenario de violencia: el hombre mantuvo como rehén a Diana Carolina, con un cuchillo largo de cocina en la mano, durante 90 minutos, hasta que la apuñaló frente a los policías, en el momento en que los uniformados se encontraban con las pistolas en las manos, a menos de cinco pasos de la pareja.

¿Por qué cuando las cosas se agudizaron no llamaron a servicios policiales especializados? En Ibarra opera el Grupo de Operaciones Especiales (GOE). Pero mientras ocurría el ataque contra la mujer, cuatro agentes operativos se encontraban en una intervención de búsqueda y rescate de cinco personas que llevaban 10 días extraviadas en el sector de la Laguna de Puruhanta.

Edison Tipán, el sargento que estuvo a cargo del rescate, contó el lunes 21 de enero del 2019 a este Diario que el ECU 911 trató de hablar con ellos, pero que la comunicación no se concretó porque los teléfonos y las radios estaban descargados. “Los aparatos se nos apagaron cuando estábamos en el operativo de búsqueda”. Recién a las 19:00 trasladaron a los rescatados al hospital San Vicente de Paúl, en Ibarra.

El agente del GOE recuerda que se desocuparon a las 23:00. Dice que hasta ese momento no se enteraron de que un hombre había retenido a una mujer y que la había apuñalado con un cuchillo.

Tipán advierte que recién cuando los comandos del GOE regresaron al cuartel pudieron cargar sus celulares y las radios y que se enteraron del hecho violento. Al saber de lo ocurrido, el sargento asegura haber dicho a sus compañeros: “Yo sé que están cansados, pero debemos ir a ayudar”.

Cuando llegaron al lugar del crimen ya no estaban ni la víctima ni el sospechoso. Únicamente encontraron a vecinos indignados y molestos.

“Si nos enterábamos antes, tampoco hubiésemos podido ir de inmediato a brindar apoyo, porque estábamos desarmados”, dice. Y asegura que cuando ocurrió el femicidio únicamente contaban con implementos de rescate (cuerdas, mosquetones,  camillas y poleas).

“Si estábamos nosotros, algo hubiésemos podido hacer. Tal vez hubiésemos podido negociar y convencerlo de que libere a la chica”, indica.

Este Diario también habló con Juan Jaramillo, el general de la Policía que comanda la Zona 1, a la que pertenece Imbabura. Si el GOE no estaba, ¿por qué no se pidió ayuda a otras unidades élite? El oficial asegura que los preparados para estas operaciones también son los del Grupo de Intervención y Rescate (GIR), que cuentan con francotiradores, aunque sus oficinas están en Quito, Guayaquil, Cuenca y Manta. Un contingente llegó a Ibarra, pero tras los incidentes.

Los negociadores en estos eventos, en cambio, pertenecen a la Unase.

Patricio Carrillo, jefe de Operaciones de la Policía, asegura que en esos casos hay que despachar agentes de otro lado y que por eso la respuesta en Ibarra fue desordenada.

“Se cometió una serie de errores en el procedimiento. Esto no se puede dejar de asumir”, indica la ministra del Interior, María Paula Romo.

Ahora, la gente solo quiere que el crimen de Diana Carolina no quede en la impunidad.

La tarde de este lunes lloraban mientras llevaban el féretro a la tumba. Cinco motocicletas de los agentes civiles de Tránsito escoltaron el cortejo fúnebre, que se realizó bajo un intenso sol. Recorrieron un kilómetro hasta llegar al panteón situado en el sur de la ciudad.

200 metros antes de arribar bajaron el ataúd de la carroza y lo llevaron en hombros. Había un silencio total.

El ingreso al camposanto estuvo custodiado por cuatro policías. Por pedido de la familia no se permitió el ingreso de personas extrañas.

Antes hubo una misa en la Iglesia de La Dolorosa. El lugar estuvo repleto. Amigos y vecinos llegaron para solidarizarse con los familiares.

En otros sitios de Ibarra, los vecinos solo hablaban de este tema y decían que era notorio que los ciudadanos venezolanos ya no estaban en las calles y esquinas.

La noche del domingo 20 de enero del 2019 ellos fueron atacados. El hostal, en donde entró la turba, quedó con las puertas destruidas.

En la Fiscalía, tres ventanales están destruidos y las paredes cubiertas con restos de huevos. Ayer se conoció que la fiscal provincial, Silvia Puma, presentó una denuncia.

Lo ocurrido hizo que se reúnan los representantes de la Policía, el MIES, la Iglesia Católica y el Gobernador.

Luego se informó que se sancionará a quienes protagonicen ataques de cualquier tipo.

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