Los policías salieron molestos del Comando General de Policía, en el norte de Quito. Al menos 104 gendarmes fueron convocados la mañana de ayer al lugar y allí se les notificó de una sanción económica por una presunta participación en los hechos del pasado 30-S y por el “mal uso de los bienes públicos”.
La mayoría de agentes sancionados mostraron el informe de una página y en él se decía que se les multa con USD 2 640. En líneas seguidas se indica que los uniformados tienen 30 días para presentar una apelación.
Uno de los supuestos implicados en la revuelta dijo que planteará ese recurso y que no podrá pagar la multa. Sostuvo que tiene tres hijos y que con 19 años de servicio en la institución gana un poco más de USD 1 000. “Dicen que ese día yo utilicé la moto, pero nada de eso ocurrió”. A otro agente lo multaron porque el día de la revuelta policial habría hecho “mal uso del patrullero”, aunque dice que es falso. “Yo ni estuve allí.
Anteriormente ya presenté los papeles y nuevamente nos vuelven a llamar”.
Los policías contaron que fueron convocados por la Dirección de Personal de la Policía y que funcionarios de ese Departamento informaron que la sanción administrativa se tomó con base en un informe de la Contraloría.
En el Comando de Policía hubo fuerte movimiento. Los uniformados entraban y salían con documentos en mano. “Nos hicieron reunir en el décimo piso para darnos esta mala noticia”, indicó un agente sancionado. La mayoría tuvo multas de hasta USD 2 640, pero hubo casos de oficiales que deberán pagar USD 5000.