La explosión en el GIR devela más dudas en el accionar de las instituciones del orden.
Ayer, el ministro de Defensa, Javier Ponce, aseguró que la Policía no les informó que en ese cuartel existían zonas con almacenamiento de explosivos.
Esto, pese a que en el Reglamento a la Ley sobre armas, municiones, explosivos y accesorios se establece que Defensa tiene toda la potestad para realizar controles.
Según Ponce, los militares tienen la responsabilidad (de vigilar), siempre que las instituciones informen de la existencia de esas áreas ¿Los policías no les comunicaron del búnker? “Creo que la Policía no mantuvo toda la información. De todas formas es un proceso de investigación que está en marcha”, dijo Ponce. Pero en un inicio, cuando este Diario le preguntó si los militares controlaban el búnker, el Ministro fue tajante y respondió: “En absoluto. Eso era responsabilidad exclusiva de la Policía”.
Minutos después, la secretaria de Seguridad del Municipio de Quito, Lourdes Rodríguez, sostuvo que el GIR debió reportar en el Comando Conjunto de Fuerzas Armadas (Comaco) la existencia de explosivos. De hecho, en el artículo 70 de la norma sobre municiones se dice que “para el almacenamiento de explosivos, el Comando Conjunto aprobará la ubicación de depósitos o polvorines, las condiciones técnicas y de seguridad que deban satisfacer, así como los explosivos que puedan ser almacenados en los mismos”.
Además, en la Ley se indica que Defensa “puede prohibir, limitar temporal o definitivamente las actividades, cantidades de armas, municiones y explosivos de uso estatal y civil, para fines comerciales o particular”. De allí que el ministro Ponce aseguró que toda la información relacionada con explosivos o armas tiene que reposar en el Comando Conjunto.
Pero el GIR tampoco tenía permisos del Cuerpo de Bomberos y además el Municipio de Quito no conocía de la existencia del búnker que explotó el jueves pasado.
A esto se suma que los funcionarios no tienen información clara sobre si las instalaciones del cuartel de policía estaban aseguradas o no. Ayer, en entrevista por televisión, el ministro del Interior, José Serrano, fue escueto al explicar este punto. “Hay algunas instalaciones que tenían seguro, como (la estatal) Fabrec y hay algunos seguros en concreto que tenía la Policía Nacional. Pero al mismo tiempo se está haciendo una verificación en concreto, por ejemplo, para ver cuál era la situación especifica del polvorín y estos recursos”, manifestó.
En cambio, al ser consultado de este tema, el viceministro de Gobernabilidad del Ministerio del Interior, Óscar Bonilla, pidió que este Diario se comunicará con los asesores de Comunicación de esa Cartera, porque ellos tienen “información más puntual”. Él siguió el caso desde un inicio.
La destrucción de armas
A seis días de la explosión en el GIR, ayer en la I División de Ejército Shyris (sur de Quito) los militares destruyeron 3 903 armas incautadas en este año en el país.
En esta lista están ametralladoras, subametralladoras, carabinas, cartucheras, escopetas, pistolas, revólveres, rifles, pistolones…
El ministro Ponce sostuvo que “muy buena parte” de este material ha sido incautado por policías y militares. “Se trata de armas que están portándose sobre la Ley, pues hay una prohibición de portarlas. Sobre todo son armamentos que se han incautado en las calles. En un 70% u 80% son de elaboración artesanal”.
El cargamento fue presentado en la I División de Ejército Shyris. Luego fue llevado a la fábrica Adelca, en las afueras de Quito, para destruirlo. Lourdes Rodríguez veía cómo las armas fueron clasificadas de acuerdo al tipo. Señaló que a las 10:00 de hoy habrá una reunión en la Secretaría de Seguridad. Fueron convocados militares, policías y bomberos. “Es para estar claros que en el perímetro del Distrito no haya más polvorines…”, dijo la funcionaria.