La puerta está cerrada con aldaba. Es de rejas y el viento entra con fuerza hacia el pasillo de la Policía Judicial (PJ). El ingreso luce desolado. Son las 03:30 y un refriegue de la aldaba corta el silencio. Un policía sale y mira a una persona que quiere salir del edificio.
Los uniformados pasan la noche más abrigados. La prevención es más fría. La sala de audiencias también. Allí atienden una diligencia de flagrancia contra cuatro hombres acusados de supuesto robo y asalto de personas.
En la sala, una menor de edad capta las miradas de los que llegaron. Su rostro está cubierto por una capucha morada y un poncho negro. La familia teme que sea identificada. Una mujer le aprieta el brazo y tiembla durante el testimonio. Sin titubear, la joven señala a los hombres que supuestamente le robaron con un arma de fuego en los valles de Quito. Los desconocidos la miran fijamente.
Ella es parte de solo el 17% de personas de Quito que denunciaron en el 2011 haber sufrido un robo con fuerza. La cifra corresponde a la última encuesta de victimización y percepción de inseguridad del Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana (OMSC). El 83% restante no lo hace por desconfianza en la Policía y el sistema judicial.
Después de la medianoche del viernes, las denuncias eran reducidas. Solo una persona llegó a las 00:50 a la Fiscalía y lo hizo para el robo de un celular.
“¿Todavía hay denuncias?”, preguntó un policía a quienes reciben las quejas. Uno de ellos se levantó, abrió una cabina y pidió los datos del denunciante.
Mas tarde, los gritos de un hombre alarmaron. “Déjenme hacer una denuncia”. Dos policías lo observaban desde una oficina de la PJ. El hombre se agarraba de las rejas y grababa a los uniformados con su celular. “Fui amenazado en un chifa, tengo derecho a denunciar. Los voy a sacar en los medios de comunicación”. El hombre estaba en estado etílico, según un agente. “Está prohibido recibir denuncias de personas en esas condiciones”, aseveró.
El hombre se retiró y el pasillo de esta dependencia volvió a la calma. Solo un policía ha desafiado el frío frente a la cartelera. Allí cuelgan cinco impresiones con noticias sobre delincuencia. ¿Siempre hay poca concurrencia? “No. Desde las 02:00 empieza el movimiento. Vienen golpeados y más detenidos”, asegura un uniformado.
Solo en La Mariscal, donde está la PJ, los delitos contra las personas y la propiedad aumentaron en un 32% en este año. Cifras de la OMSC dan cuenta de ello: de enero a julio hubo 1346 denuncias, frente a 995 en igual período del 2011.
A las 02:00, un grupo de 10 personas que habían llegado horas antes buscaban un acuerdo. Dos jóvenes, de 18 años, fueron detenidos el viernes durante las protestas en el Colegio Montúfar contra el Bachillerato General Unificado. Eran acusados por supuestamente atentar contra la seguridad del Estado. Según el informe policial, agredieron presuntamente a dos uniformados. “¡La pena es de 3 a 6 años!”, decía molesto el padre de uno de ellos. Sus familiares trataban que el castigo sea trabajos comunitarios.
El testimonio de robo de la adolescente sucedió en la última audiencia prevista de la madrugada. Esta jornada comenzó a las 00:00 y terminó a las 08:00. El juez vigésimo primero de Garantías Penales de Pichincha, David Lasso, y el fiscal Fausto Lana trataron hasta las 03:30 dos casos. Una abogada de la Defensoría Pública defendió a los arrestados.
“Tenemos que mantenernos lúcidos”, dice el fiscal Lana. El viernes tuvo su primer turno de “amanecida”. Vestía una chompa gruesa y bufanda. En los recesos, las autoridades salían a caminar, bebían gaseosas, hablaban de política y otros revisaban las leyes.
También los familiares de los detenidos aprovechaban para ir al baño. Lo buscaban en el segundo piso, pero uno estaba cerrado con candado.
En la PJ, el único baño que estuvo disponible ese día estaba en los calabozos. Se encuentra después de bajar las gradas que dan a las celdas y de cruzar un patio. Allí un murmullo se escucha desde una de las siete celdas. La noche del viernes, solo había un detenido. “Es uno de Los Más Buscados”, dijo un oficial.
Las celdas de la PJ
En el edificio de la Policía Judicial existen siete celdas, según el informe de la Veeduría al Sistema Penitenciario del Ecuador del 2011. Su capacidad es para 80 personas y se encuentran ubicadas en el subsuelo.
La atención en la PJ es durante 24 horas. En la oficina de la Fiscalía, las víctimas pueden hacer las denuncias. De enero a julio de este año, la Policía registró 5 013 quejas por robo a personas en la provincia de Pichincha.