18 de October de 2011 00:02

La Policía defiende su autodepuración

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El policía está armado con un escudo antimotines e impide el paso de Pedro Restrepo y Luz Elena Arismendi. Aparece una tanqueta, pero delante de esta los dos padres piden respuestas por sus hijos Pedro Andrés y Carlos Santiago. Las fotos fueron tomadas en una de las tantas jornadas de protesta, tras la desaparición de los jóvenes, el 8 de enero de 1988.

23 años después surgen nuevos hechos. El viernes se estrenó el documental Con mi corazón en Yambo, que María Fernanda Restrepo, hermana de los chicos, levantó en cuatro años.

Un día después, el presidente Rafael Correa anunció que se reabrirá el caso y que habrá recompensas para quienes informen sobre el paradero de los cuerpos.

Sentada en la sala, ayer la hermana de los jóvenes hizo una revelación y aseguró que “algunas estructuras” que en 1988 operaban en la Policía aún existen.

Habla de tres altos oficiales que estarían involucrados en la desaparición de los hermanos Restrepo y que aún se hallan en servicio activo, con cargos de mando.

Cecilia Arismendi, tía de Carlos Santiago y Pedro Andrés, recuerda que siete meses después de la desaparición, dos de esos policías llegaron a la casa de los Restrepo y les entregaron un zapato de cuero que ese 8 de enero de 1988 estrenaba Carlos Santiago “Nos dijeron que habían encontrado en una quebrada, pero estaba intacto. Mi hermana (Luz Elena Arismendi) levantó en colera”.

Del tercer oficial -dicen los Restrepo- que a la fecha de la desaparición trabajaba en una oficina de archivos y que se negó a dar documentos relacionados al caso.

¿Qué hacer con los tres oficiales? “Vamos a mantener una reunión especial con el Consejo de Generales”, señaló ayer el ministro del Interior, José Serrano.

Los hechos de violencia como el caso Restrepo también se recogen en el informe que la Comisión de la Verdad presentara en junio del 2010. Allí se reveló que en 25 años 456 personas fueron víctimas de 831 violaciones a los DD.HH. La mayoría de estos hechos ocurrió en el período de León Febres Cordero: allí también desaparecieron los jóvenes Carlos Santiago y Pedro Andrés.

El informe de las torturas tiene 2 400 páginas (cinco tomos). En el quinto libro se detalla que el 49% de las violaciones a derechos humanos fue perpetrada por agentes de la Policía: se cita a tenientes, capitanes, mayores, tenientes coroneles, coroneles, generales (ver infografía).

En la casa, Arismendi busca archivos que relacionen el caso con los tres oficiales. “Para noviembre quisimos ver otra vez el zapato. Lo pedimos y llegó (un oficial) con un sucio papel envolviéndolo y lo presentó. Allí ya lo habían deteriorado para hacerlo creíble”.

María Fernanda la escucha y lanza una frase: “Yo no tengo fe en la Policía, una institución que no ha cambiado. Luego del SIC (al que pertenecían los supuestos victimarios de los jóvenes), vino la OID (Oficina de Investigación del Delito), luego salió el GAO (Grupo de Apoyo Operacional). con un montón de torturas”.

El 1 de agosto del 2010, en Guayaquil, se reportó otra posible ejecución extrajudicial en Guayaquil: Cristhian Quimis murió, dos policías son investigados.

El 2 de diciembre del 2010, en Cuenca, más de una decena de policías montaron una persecución, que terminó con la muerte del joven Edwin Barros, quien salía de una fiesta. Por ese hecho, hay un agente detenido.

En ese contexto, el proyecto que el Gobierno envió a la Asamblea para reformar a la Policía preserva el esquema de autodepuración interna. Esto, pese a que en julio del año pasado, el relator especial de las Naciones Unidas para ejecuciones extrajudiciales, Philip Alston, criticó la autodepuración policial. Él señaló que los días en los que la Policía se investiga a sí misma debían llegar a su fin.

En el Proyecto de Ley del Código orgánico de entidad de seguridad se advierte que las faltas disciplinarias serán juzgadas por Asuntos Internos, un organismo propio de la Policía.

El segundo en antigüedad de la Policía, general Wilson Alulema, defiende el sistema de control propio y advierte que ellos (los policías) saben las faltas que cometen sus elementos.

Él más bien destaca el corte civil, con cercanía a los vecinos, que el proyecto de ley contempla para la Policía. “El mando debe existir. Esto es algo militar, es necesario y en todas partes del mundo se mantiene. No podemos ir a una horizontalización de manera que se sindicalice la Policía”, dice.

Pedro Restrepo, padre de Carlos Santiago y Pedro Andrés, considera positivo contar con policías con una concepción de barrio. “Pero si solo se entrenan en choque, fuerza y represión, olvídese, se vuelven en enemigos”.

Otros casos
 
4 diciembre 1985
Consuelo Benavides fue detenida por agentes de la Marina en el recinto Estero del Plátano. Fue torturada y asesinada. Su cuerpo fue abandonado en el recinto Rocafuerte de la provincia de Esmeraldas.

6 marzo 1993
Segundo Caicedo Cobeña fue  ejecutado en Guayaquil por agentes estatales, por presunta vinculación a grupos subversivos. Sucedió en el gobierno de Sixto Durán Ballén.
 
11 enero 2002
Damián Peña, estudiante secundario, fue ejecutado por un efectivo policial, mientras participaba de una manifestación en los predios de la Universidad de Cuenca. Dos agentes fueron indagados.

15 enero 2008
Juan Castillo Betancourt, comerciante informal ejecutado extrajudicialmente por miembros de la Policía y el GIR en el hotel Estuario (Esmeraldas), por una demanda de supuesta extorsión.

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