El Gobierno puso en marcha desde esta semana una nueva estrategia antidelictiva, con la que espera combatir la inseguridad.
Desde ayer empezaron a publicarse en medios impresos los nombres y las fotografías de un grupo de sospechosos de delitos. A estos, que son promocionados por la Policía como los ‘más buscados’ se los piensa capturar mediante un plan de recompensas, a cambio de información.
El plan se elaboró entre el Ministerio del Interior y la Dirección Nacional de la Policía Judicial. “Todas las jefaturas provinciales de la Policía Judicial hemos aportado con los nombres de las personas que pueden ser considerados los más buscados, de ahí que nacen los diez más buscados”, dice el jefe de la Policía Judicial del Guayas, Nelson Villegas. Aunque en la página del Ministerio aparecían solo nueve, hasta anoche.
Según el oficial, la lista viene de un consenso, de una depuración de una lista más grande. El plan implica el pago de entre USD 5 000 y 20 000 para quien aporte información efectiva que permita la captura de los integrantes de esa lista. Para ello el Ministerio del Interior habilitó la línea directa 1800 DELITO, la que operará con una central en Quito.
Villegas indica que los parámetros de los pagos los manejará directamente el Ministerio del Interior. “Es muy importante que la comunidad ciudadana colabore. Ahora hay la oportunidad de una remuneración bien ganada al informar dónde se encuentra un delincuente”, mencionó el oficial, que hasta ayer estuvo en el cargo.
El plan de recompensas es una más de otras propuestas del Gobierno para reducir la inseguridad. La misma semana de su anunció, el presidente Rafael Correa inauguró en Guayaquil una Unidad de Vigilancia Comunitaria (UVC). Al igual que lo hizo la semana pasada en Durán (Guayas), el Mandatario aprovechó el acto para hablar de una estrategia contra la inseguridad.
“Esto ( UVC) es parte de todo un programa acorde con la estrategia de seguridad, acorde con la Constitución, descentralizar el Estado”.
Para Correa, la división de la labor policial en zonas, distritos y circuitos -como ya ocurre en Guayaquil con la creación del Distrito Metropolitano de la Policía-, permitirá“optimizar los tiempos de respuesta, para cubrir la mayor cantidad de territorio”.
El Presidente manifestó además que el Sistema Integrado de Seguridad (SIS), cuya sede estará en La Puntilla (Guayaquil), “marcará un antes y un después en la seguridad ciudadana”. El SIS, según lo anunciado, controlará miles de cámaras de vigilancia e integrará, en un solo número, las líneas directas de la Policía, bomberos, CTE, etc.
Desde las perspectivas de los sectores comunitarios y de los Derechos Humanos, estrategias como el pago de recompensas o la construcción de nuevas unidades policiales, no darán resultados si no se trabaja desde un plan integrado ante la inseguridad.
“Lo que caracteriza a este Gobierno son medidas ya usadas y de tinte efectista, que generalmente prevalecen como política ante la inseguridad”, menciona Billy Navarrete, coordinador del Comité Permanente de Derechos Humanos. El activista tiene cuestionamientos al plan de recompensas. “Nos devuelve a tiempos pasados. Es algo que el Gobierno ha estado aplicando con riesgo grave a la propia población. A esta se la comienza a ver como delatora, sin ninguna protección, por tratar de obtener información.”
El martes pasado, en Guayaquil, el ministro del Interior José Serrano, aseguró que se guardará la reserva y confidencialidad de la información que recibirán. “Lo que nos interesa es que la ciudadanía se involucre en el plan de recompensas”. Para Navarrete, el plan de recompensas pudiera ir, además, contra la presunción de inocencia. Pero Serrano manifestó, al respecto, que el plan “no inicia sobre un proceso de indicios o presunciones, ya hay procesos penales iniciados y boletas de detención vigentes”.
Carlos Neira, coordinador en Guayas de la Confederación de Barrios Ecuador, cuestiona, por su lado, que ese tipo de planes no hayan sido socializados con las comunidades. “Este y otros planes, como el control a la cachinerías, no han dado resultados. No se habla de una política de prevención. Los planes integrales deben empezar desde los barrios, con el protagonismo de la propia comunidad”, sugiere.
El dirigente asegura que la creación de las nuevas UVC tampoco ha sido socializada.
Bella P., una víctima de la violencia en Guayaquil, cree que solo medidas más severas, como la aplicación de penas más largas, pueden contribuir a bajar la inseguridad. Su hijo fue asesinado en el norte de la urbe, en el 2009. Los autores del crimen aún no son detenidos. “¿Si los detienen, y los jueces lo vuelven a sacar, de qué servirá que se denuncie?” dice.
Otros planes
En enero pasado se inició una campaña para eliminar las cachinerías, como forma de evitar que se comercialicen objetos robados. Se ejecutaron varios operativos, pero en Guayaquil, las cachinerías aún permanecen.
En enero se anunció la creación del Distrito de la Policía Metropolitana de Guayaquil. Y, en junio pasado, se anunció la división en nueve distritos.
En las últimas dos semanas el Primer Mandatario inauguró dos UVC en Guayas. Ninguna de las edificaciones todavía atiende completamente al público.
El presidente Correa aseguró el martes pasado que el Sistema Integrado de Seguridad que se levantará en La Puntilla, será “quizás el más moderno de América Latina”.
Según el Gobierno en Guayas los delitos, en lo que va del año bajaron un 15% con relación al mismo periodo del 2010; y en Guayaquil, disminuyeron un 12%.
