¡Entérate primero con El Comercio! Nuevo
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y recibe noticias al instante, directo en tu celular.
Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
El anuncio de un nuevo toque de queda en Ecuador se produce en un escenario marcado por contrastes en la violencia. Mientras Guayas registra una reducción de homicidios en el primer trimestre de 2026, Pichincha, incluida Quito, presenta incrementos en el mismo periodo. Daniel Noboa informó el 20 de abril que la restricción de movilidad nocturna regirá del 3 al 18 de mayo, entre las 23:00 y las 05:00, en nueve provincias y cuatro cantone
La medida se adopta en un contexto en el que el país acumula 2.086 muertes violentas entre enero y marzo de 2026.
El toque de queda incluye a Pichincha, Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos. También abarca a los cantones La Maná, Las Naves, Echandía y La Troncal.
Este cambio en la cobertura territorial ocurre en un momento en el que las cifras de violencia no muestran un comportamiento uniforme entre provincias.
Entre enero y marzo de 2026, Guayas registra 932 homicidios, frente a 1.238 en 2025, lo que representa una disminución de 306 casos (-24,7%).
La provincia concentra dinámicas de violencia asociadas principalmente a delincuencia común (98,82%) y al uso de armas de fuego (91,52%). El grupo de edad más afectado corresponde a personas entre 25 y 34 años.
El experto en seguridad, Hernán Moreano, explica que en Guayas los homicidios se vinculan con la disputa por el control de rutas de transporte y contenedores en zonas portuarias como el Guasmo Sur y Posorja. También señala que las muertes se producen en contextos de sicariato y reconfiguración de liderazgos dentro de las organizaciones criminales.
Guayas fue una de las provincias incluidas en el toque de queda aplicado desde el 15 de marzo, aunque esa medida cubre únicamente el tramo final del periodo analizado.
En contraste, Pichincha registra un incremento en los homicidios en el mismo periodo. Entre enero y marzo de 2026 se contabilizan 80 casos, frente a 61 en 2025, lo que implica un aumento de 19 hechos (+31,1%).
Dentro de la provincia, Quito concentra la mayor parte de los casos y también presenta un alza: 67 homicidios en 2026 frente a 55 en 2025, lo que equivale a 12 casos adicionales (+21,8%).
Moreano identifica focos de violencia en parroquias como Calderón, Quitumbe, Guamaní, Carapungo y Carcelén. Además, señala la presencia de bodegas vinculadas al almacenamiento de armas y cocaína en sectores como Puembo, Pifo, Machachi y el noroccidente de la provincia.
El analista explica que, en este territorio, la violencia se relaciona con el control del mercado de consumo interno de droga y con actividades de bodegaje de economías ilegales.
Las cifras del primer trimestre muestran comportamientos distintos entre provincias. Guayas presenta una reducción de homicidios, mientras Pichincha y Quito registran incrementos.
El periodo analizado corresponde a enero-marzo de 2026. En ese intervalo, el toque de queda aplicado en marzo entra en vigencia el día 15, por lo que su alcance se limita a la segunda mitad del mes. En ese esquema, Pichincha no estuvo incluida.
El experto en seguridad, Jean Paul Pinto, señala que no identifica un fundamento técnico para incluir a Quito en el nuevo toque de queda, considerando que no formó parte de la medida anterior. Añade que, aunque existe un incremento de la violencia en Pichincha, no observa un crecimiento que justifique por sí solo una restricción de este tipo.
Pinto también advierte que es prematuro extraer conclusiones sobre tendencias con base en datos de corto plazo. Señala que se requiere un periodo de al menos tres a seis meses para determinar si una reducción o incremento es sostenido en el tiempo y si responde a una medida específica.
En la misma línea, Moreano indica que las estructuras criminales pueden modificar sus estrategias y trasladar actividades ilícitas a otros territorios, lo que puede alterar las dinámicas locales de violencia.
El especialista en comunicación política, Andrés Obando, plantea que la ampliación del toque de queda puede responder a una estrategia del Gobierno para reforzar su presencia frente a la ciudadanía.
Según su análisis, el Ejecutivo busca transmitir que está actuando frente a la inseguridad, en un contexto en el que la seguridad se mantiene como una de las principales preocupaciones de la población. Obando añade que la interpretación de la medida también depende del nivel de credibilidad del Gobierno y de la percepción ciudadana sobre su gestión.
El analista señala que, en ausencia de una explicación técnica detallada sobre la ampliación territorial, la decisión puede leerse como un intento de fortalecer la imagen del Estado en el territorio.
El anuncio del nuevo toque de queda se produce tras una serie de hechos violentos registrados durante el último fin de semana.
En Guayaquil se reportan dos ataques armados que dejan 11 fallecidos. Uno de los hechos ocurre en el barrio Cuba, donde mueren cinco personas, entre ellas un niño de siete años. Otro ataque en las calles Gómez Rendón y Guerrero Valenzuela deja seis víctimas.
Estos eventos se suman al balance del primer trimestre y forman parte del contexto en el que el Gobierno decide ampliar la restricción de movilidad nocturna.
Información extra: Toque de queda
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y recibe noticias al instante, directo en tu celular.