Los perjudicados de Coopera todavía aguardan por sus ahorros
Graciano Orellana, uno de los perjudicados por el caso Coopera muestra la póliza en la que tenía ahorrado su dinero. Liz castillo / el comercio
Los esposos Moscoso Vásquez llevan casi un año viviendo entre el dolor y las necesidades económicas, aún habiendo ahorrado para su futuro. En junio pasado, una semana antes del cierre de la Cooperativa Coopera, depositaron los USD 65 000 de la venta de su casa.
Desde entonces, los cuencanos Patricia Vásquez, 54 años, y Milton Moscoso, de 58, rentan un departamento por el sector de Las Pencas. El dinero lo pusieron en una póliza por un mes, porque tenían planeado empezar a construir una vivienda en terreno que adquirieron en Challuabamba.
La noticia del cierre de Coopera fue impactante para ellos. "Nos quedamos en la calle", dice mientras muestra una copia del documento de la póliza. Ellos son parte de las 229 personas que tenían sobre los USD 62 500 y que aún no recuperan sus ahorros.
La disolución y liquidación de Coopera se consumó el 12 de junio pasado. Una auditoría realizada por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) determinó un importante deterioro del patrimonio y pérdidas acumuladas en los últimos tres años.
Además, se identificaron transacciones irregulares por USD 31 millones. Por este caso hay dos procesos judiciales abiertos, con autos de llamamiento a juicios contra nueve personas por supuesto lavado de activos y contra siete por peculado. Están detenidos los gerentes General, Financiero y el Auditor Interno. Hay otros supuestos implicados prófugos.
Graciano Orellana, de 83 años, es otro cliente que puso en una póliza USD 70 000 y tampoco recupera nada. Vásquez y Orellana casi nunca faltan a las audiencias judiciales. Tampoco a las reuniones de los jueves que reúne a los perjudicados.
Vásquez confiesa que su afán es que los jueces investiguen dónde están los dineros depositados y se les devuelva. "Quiero mis ahorros, porque son el sacrificio de más de 40 años como electricista en instituciones públicas, dijo Orellana Él vive ahora de su jubilación.
Contó que su dinero lo tenía en otra cooperativa y un funcionario de Coopera lo buscó para que lo cambie, ofreciéndole más intereses y su palabra de que su dinero está garantizado. "Ante su insistencia, en mayo pasado lo hice y ahora no responde por mi dinero".
Cada proceso judicial (peculado y lavado de activos) tiene más de 50 cuerpos y estuvo a cargo del juez primero de Garantías Penales, Miguel Arias. Las últimas diligencias se cumplieron el lunes y martes pasado. Fueron dos audiencias preparatorias de juicios y de sustentación de dictámenes.
En ambos casos, los jueces ratificaron el auto de llamamiento a juicio emitido para los implicados, en el grado de autores. Patricia Vázquez dice que le interesa que los jueces investiguen y recuperen el dinero de los perjudicados.
