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Peculado, la enfermedad más recurrente

El Teodoro Maldonado Carbo del IESS está entre los hospitales investigados. Foto: Archivo/EL COMERCIO

Hay al menos tres vías por las que el peculado se riega como un virus en el sistema sanitario: falsear los concursos para quedar como único competidor y ganar el contrato, cometer errores intencionales para forzar un estudio de mercado y fijar precios más elevados o acelerar el pago adelantado por un producto que jamás llegará.

El fiscal César Suárez ha identificado estos mecanismos en las investigaciones que dirige en cinco hospitales del IESS y del Ministerio de Salud Pública (MSP) en Guayaquil. Son contratos por insumos y servicios con un elevado perjuicio; en uno ellos, por USD 2 millones, se determinó que el monto real no debió pasar de USD 800 000.

La respuesta usual del sistema para calmar el escándalo es la remoción de las autoridades, pero la situación se repite.

Los casos en los hospitales

“El problema es que el personal del área de contratación sigue porque la ley laboral les favorece y es difícil sacarlos, aunque al menos deberían ser cambiados. En muchos casos hay médicos y personal procesado que sigue trabajando; la mancha sigue ahí”, asegura el fiscal de Administración Pública.

Esa mancha de corrupción es la causa de 80 investigaciones desde el 2020 en unidades del IESS y MSP en el Ecuador. El 75% es por peculado o la apropiación de dineros públicos que se sanciona con hasta 13 años de prisión. Tráfico de influencias, cohecho, asociación ilícita y delincuencia organizada son otros delitos detectados por la Fiscalía General del Estado.

Las denuncias apuntan a 39 hospitales básicos, de especialidades y un centro de salud. Guayaquil concentra la mayor cantidad de investigaciones y si se realiza un ‘ranking’, el Teodoro Maldonado Carbo del IESS encabeza la lista

Su gerente desde hace poco más de ocho meses es Francisco Andino y en este tiempo asegura que ha presentado más denuncias por boicot que por corrupción, aunque pudieran estar ligadas.

En enero un presunto cortocircuito en la subestación eléctrica dejó sin energía incluso a las salas UCI; luego concluyeron que el daño fue provocado. Dos meses después hallaron una boa constrictora en el edificio de Consulta Externa.

Las amenazas contra funcionarios para torcer contrataciones obligaron a infiltrar policías y militares. Para seguir la pista a los casi 1 700 procesos contractuales que se ejecutan cada año, el hospital cedió una de sus oficinas a la Contraloría.

La cura no ha sido del todo efectiva, porque aún hay un déficit de medicinas y áreas fuera de uso por contratos que quedaron a medias. Andino propone un plan quinquenal para remediar, según dice, 14 años de corrupción enquistada.

“Hay mucho que cambiar porque aquí se busca sancionar a los que quieren poner correctivos y se quita las sanciones a los que verdaderamente están en algún procedimiento irregular”, señala por las denuncias en su contra vinculadas a supuestas injerencias en procesos contractuales.

La Comisión Nacional Anticorrupción le sigue el pulso a este y otros hospitales donde las irregularidades empiezan por el sistema de contratación y se agravan por la falta de depuración de la lista de proveedores.

Ricardo Ramírez, delegado del organismo en Guayas, recuerda que antes de la pandemia denunciaron a un grupo de 40 empresas implicadas en hechos de corrupción.

En contraparte, miembros de la comisión fueron demandados por daño moral por estos proveedores que siguen vendiendo medicinas e insumos al IESS y al MSP.

“Los pájaros disparan contra las escopetas y las investigaciones no tienen resultados concretos. No hay juicios avanzados e incluso se ha levantado el arresto domiciliario a directivos y gerentes hospitalarios implicados. La impunidad continúa”, agrega Ramírez.

De los 80 casos registrados por la Fiscalía solo uno tuvo sentencia condenatoria. Otros 71 -el 89%- siguen en indagación previa, la fase inicial del proceso.

Un grupo de funcionarios fue sobreseído en un caso que el fiscal Suárez investigaba por peculado en la compra de insumos para limpieza. Ocurrió en el Hospital de Infectología, en plena pandemia.

Otros casos están en indagación, como un contrato de USD 400 000 por servicios de mantenimiento tecnológico que no se ejecutaron en Los Ceibos del IESS. Y en el Guasmo Sur desembolsaron USD 600 000 por insumos de traumatología, pero solo llegaron 100 000.

Las fallas en contratación


La Contraloría determinó en un reciente informe que la falta de mecanismos de control e inventarios en bodegas y farmacias de los hospitales es una de las causas de los perjuicios económicos y del desabastecimiento.


77 informes entre 2013 y 2021 fueron analizados. El organismo también detectó que en las unidades del IESS y MSP no se verifica el cumplimiento de los requisitos mínimos de los proveedores ni la veracidad de la documentación que presentan.


Por estas omisiones adquirieron medicamentos sin certificaciones ni registros sanitarios. Según la Contraloría, una parte de los proveedores no contaba con permisos de funcionamiento y no garantizaba la calidad de los insumos.


El incumplimiento de las obligaciones contractuales de los proveedores es la tercera falencia. Son retrasos en la ejecución de contratos, aprobación injustificada de prórrogas y contratistas que no entregaron todos los productos. Las instituciones públicas no aplicaron las multas establecida

Los altos intereses y las recomendaciones de terceros atraen a las personas » https://bit.ly/3vtPy8G

Posted by El Comercio on Monday, April 18, 2022