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Representantes de la USFQ y organizaciones sociales presentaron acción de inconstitucionalidad a la Ley Orgánica de Movilidad Humana

Presentaron la acción de inconstuticionalidad pasadas las 14:30 de este miércoles, 20 de diciembre de 2017. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO

Presentaron la acción de inconstuticionalidad pasadas las 14:30 de este miércoles, 20 de diciembre de 2017. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO

Presentaron la acción de inconstuticionalidad pasadas las 14:30 de este miércoles, 20 de diciembre de 2017. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO

Docentes y estudiantes de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), con el apoyo del Servicio Jesuita de Refugiados y la Misión Scalabriniana, presentaron ante la Corte Constitucional una acción pública de inconstitucionalidad a 18 artículos de la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Lo hicieron pasadas las 14:30 de este miércoles, 20 de diciembre de 2017.

Daniela Salazar, subdecana de la Facultad de Derecho de la Universidad San Francisco, dijo que esta Ley, aprobada en el período del expresidente Rafael Correa, protege bastante bien a las personas ecuatorianas migrantes en el extranjero, pero que no ofrece las mismas protecciones ni derechos a los migrantes que están en territorio ecuatoriano.

A su criterio, la Ley tiene muchas causales “vagas” que permiten la inadmisión de personas en el territorio, en base a la discrecionalidad de los agentes de frontera. Además, para Salazar, existe un retroceso en seguir el debido proceso. “Ya se había avanzado en que sean jueces los que determinen la situación migratoria de una persona. Con la ley, vuelve a ser un funcionario administrativo, sin ninguna garantía del debido proceso, el que podría determinar incluso la deportación de una persona fuera del territorio ecuatoriano”, aseguró.

Juan Martín Sánchez, estudiante de la Clínica Jurídica de la USFQ señaló que tras un análisis de nueve meses, se encontraron 18 artículos que atentarían contra los derechos de los migrantes o personas en movilidad. Uno de los puntos, dijo, son los causales de inadmisión y las multas excesivas, que impiden y dificultan la regularización migratoria.

María Avelina Montenegro, otra de las estudiantes que participó en la redacción de la acción, indicó que esperan un pronunciamiento favorable de la Corte Constitucional para poder modificar la normativa.