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La relatora de la ONU sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos, Andrea Bolaños, instó este lunes al Estado ecuatoriano a “cesar la persecución” y “garantizar la protección” de los defensores, este lunes 22 de junio de 2026, tras la muerte de la activista polaca Monika Silva, conocida por denunciar casos de presunta corrupción en Ecuador.
Andrea Bolaños escribió en su cuenta de X: “Insto al Estado ecuatoriano a que: garantice el derecho a promover, defender y proteger los derechos humanos; cese la persecución, criminalización y vigilancia de personas defensoras; garantice su protección efectiva contra amenazas, violencia e intimidación”.
Además, pidió que se refuercen los mecanismos institucionales de la Defensoría del Pueblo para respaldar a los defensores y que se enjuicie a los responsables de violaciones contra ellos.
La experta también solicitó una investigación rápida, exhaustiva, independiente y transparente del caso de Silva.
Afirmó que sigue de cerca este suceso, especialmente después de que las autoridades forenses indicaron que las circunstancias de su muerte no concuerdan con un suicidio, lo que le otorga “una gravedad particular” al caso.
Bolaños destacó que este incidente no es aislado, ya que diversos informes indican que otros defensores de derechos humanos enfrentan hostilidad por parte del Estado.
Esta situación “vulnera gravemente los derechos consagrados en la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, enfatizó.
El pasado viernes, el equipo legal de la familia Silva informó que la autopsia determinó que fue asesinada.
Contrario al suicidio, hipótesis de la que habló anteriormente por el ministro del Interior, John Reimberg.
Silva fue hallada muerta en su vivienda en Montañita, provincia costera de Santa Elena.
La Delegación de la Unión Europea (UE) en Ecuador y la Embajada de Polonia en Perú solicitaron a las autoridades una investigación rápida y transparente.
Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al Estado a incluir en la investigación una posible vinculación con su labor como defensora de derechos humanos y sus denuncias sobre corrupción.
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