Nubia Vera recibe medidas cautelares por presunta concusión en caso Mueble Fino

La jueza Nubia Vera es procesada por supuestamente haber pedido dádivas, incluidos muebles, a cambio de una sentencia

Pabel Muñoz firma documentos durante la inscripción de su candidatura a la Alcaldía de Quito ante el CNE.

La justicia prohibió salir del país a la jueza Nubia Vera, investigada por presunta concusión, y quien, en 2024, denunció haber recibido amenazas antes de un juicio en el que falló a favor de la exvicepresidenta Verónica Abad, dejando sin efecto una suspensión de cinco meses impuesta por el Ministerio del Trabajo.

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Audiencia de formulación de cargos

En el complejo judicial norte de Quito se instaló este martes 5 de agosto de 2025 la audiencia de formulación de cargos contra la jueza en el caso denominado Mueble fino.

La Fiscalía General del Estado informó en sus redes sociales de que un juez anticorrupción ordenó “la prohibición de salida del país y presentaciones periódicas para la jueza Nubia Vera, procesada por presunta concusión”.

En el caso denominado Mueble fino, la Fiscalía y la Policía ejecutaron el pasado 10 de junio un allanamiento en Quito, con el fin de recabar indicios relacionados con la denuncia presentada contra la jueza.

Según dicha denuncia, “en su calidad de magistrada, habría solicitado dádivas -incluidos muebles de alto costo- así como dinero, a cambio de ‘favorecer’ a un ciudadano en un juicio que se procesaba en su despacho”, según informes de la Fiscalía.

Fallo en favor de Abad

El pasado 23 de diciembre de 2024, Vera dejó sin efecto la suspensión de 150 días sin remuneración que el Ministerio de Trabajo impuso a Abad. Ella mantuvo un enfrentamiento con el presidente Daniel Noboa, durante todo el período para el que fueron elegidos en las urnas (noviembre 2023-mayo 2025).

Vera aceptó la acción de protección interpuesta por Abad luego de que el Ministerio de Trabajo le sancionara tras abrirle un sumario administrativo. Esto le impedía asumir la Presidencia si Noboa pedía licencia durante todo el período de campaña electoral para la reelección, algo que finalmente no hizo.

La suspensión se basó en que, cuando el Gobierno aceptó trasladarla desde Israel (donde era embajadora) a Turquía por las crecientes tensiones en Oriente Medio, no viajó en el plazo fijado. Sin embargo, Abad sostuvo que lo hizo dentro del tiempo permitido por la ley.

Esa sanción le impedía asumir las funciones presidenciales durante la campaña electoral que se desarrolló entre el 5 de enero y 9 de febrero de 2025. Y la correspondiente a la segunda vuelta de abril, en la que fue reelecto Noboa. Esto se dio después de que Abad denunciara a Noboa por supuesta violencia política de género, al acusarlo de liderar un presunto acoso hacia ella para forzarla a dimitir.

¿Amenazas?

Al término de la audiencia del 23 de diciembre, Vera denunció haber recibido amenazas por el caso.
“Son más de 10 años los que tengo en el servicio de la justicia, y es la primera vez que he sido coaccionada, amenazada, amedrentada”, dijo. Y aseveró que, incluso, tenía “a buen recaudo” una “flash memory” donde presuntamente le indicaban cómo debía fallar en el caso.

La jueza indicó entonces que días antes, el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, el director provincial, Henry Gaybor, y el asesor, Jorge Carrillo, llegaron a visitar las instalaciones de la Unidad Judicial.

“Pero realmente -dijo- fueron a ingresar a mi despacho a entregarme un ‘pen drive’, que está a buen recaudo, (con información) de cómo yo tenía que fallar en esta acción de protección”, aparentemente contra la solicitud de Abad.

La jueza aseveró entonces que le amenazaron con la destitución y alertó por si algo le pasaba a ella o a sus hijos.

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