Monseñor Eugenio Arellano, Gina Benavides y Elsie Monge durante una rueda de prensa este miércoles 23 de enero del 2019. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO
Organizaciones de Derechos Humanos y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana le pidieron al Gobierno Nacional que no se exija el pasado judicial a los ciudadanos venezolanos que ingresen al país. Lo hicieron la mañana de este miércoles 23 de enero del 2019 durante una rueda de prensa realizada en la sede de esa institución religiosa.
Esa medida fue anunciada luego del asesinato perpetrado contra una mujer embarazada en el centro de Ibarra, capital de Imbabura. Luego de esto, una turba de gente enardecida atacó a venezolanos que viven en esa ciudad.
La Defensoría Pública informó hoy que, de igual manera, se reportaron agresiones a ecuatorianos en Venezuela, siendo hechos preocupantes que requieren una adecuada intervención estatal.
“Lamentamos que todos estos hechos se produzcan tras comunicados emitidos por los gobernantes de Ecuador y de Venezuela. En ese sentido, la Defensoría Pública recuerda que las medidas y la información emitida por las autoridades deben estar orientadas a la construcción de paz y respeto”, indicó la Defensoría Pública.
En la rueda de prensa participaron Gina Benavides, defensora del Pueblo, y Elsie Monge, directora de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos. También estuvo monseñor Eugenio Arellano, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.
Benavides señaló que la medida de exigir pasado judicial a los venezolanos podría agravar la crisis migratoria, “pues ante la dificultad para acceder a ese documento se fomentaría la irregularidad migratoria y el riesgo de explotación laboral, trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes”.
Para monseñor Arellano, la xenofobia va en contra de la identidad del pueblo ecuatoriano y conduce a desastres sociales, genera víctimas. “Es una vergüenza para el país”. Pidió al Gobierno que reflexione y no exija documentos a los llaneros para ingresar al Ecuador, pues a ellos les resulta casi imposible conseguir el pasado judicial.
El representante de la CEE también se refirió a los casos de femicidio registrados en el país. “El femicidio es un camino hecho paso tras paso y por eso como Iglesia les digo: en el primer momento que reciban ese maltrato busquen la ayuda de la ley y boten al marido”. “Dios les ayudará a salir adelante con sus hijos, no tengan miedo”.
Arellano señaló que para la Iglesia es tan serio ese problema que reconoce la nulidad del matrimonio de una pareja en donde el varón maltrata y golpea a la mujer. “Espero que ningún sacerdote le diga a una mujer golpeada sufre, aguanta por tus hijos, no sufre no, que tus hijos te vean sonreír”.
Además, la Defensoría del Pueblo hizo varios pedidos a las autoridades:
Al Ministerio de Relaciones Exteriores para que active mecanismos diplomáticos y consulares para garantizar la protección de los ciudadanos ecuatorianos en Venezuela frente a los hechos xenofóbicos.
Que el Ministerio del Interior garantice la protección de las defensoras y defensores de Derechos Humanos, en particular de mujeres y personas en movilidad humana que son objeto de amenazas y enfrentan situación de riesgo por su trabajo.
Al Ministerio de Educación para que asegure el retorno a las aulas de los alumnos venezolanos. Desplegar controles en las escuelas y colegios para evitar reacciones xenófobas. Fomentar la convivencia y solidaridad.
A los gobiernos locales para que impulsen políticas que fortalezcan la convivencia. Fomentar espacios de tratamiento a los problemas relacionados por xenofobia. Promover la resolución pacífica y oportuna de conflictos.
La situación de los estudiantes venezolanos en Ibarra
Katerine Andrade es representante de la Defensoría del Pueblo en Imbabura. Contó que la situación de los niños y adolescentes llaneros en los centros educativos de esa ciudad es complicada luego de los brotes de xenofobia reportados en los últimos días.
Cuenta que 476 niños y adolescentes estudian en los planteles de Ibarra. El pasado lunes, 359 no asistieron a clases y 150 no lo hicieron ayer. “De a poco se van integrando”, dijo Andrade.
Añadió que la mesa de movilidad humana se activó para apoyar a los migrantes con atención psicológica y alimentos. “Muchas personas están a buen recaudo”.
De otro lado, la Defensoría y otras entidades están planificado la activación del albergue que funcionará desde el 1 de febrero en Ibarra. Tendrá una capacidad para 30 personas, quienes permanecerá allí entre 3 y 4 días.Será un sitio de paso.