
La Fiscalía de Polonia abrió una investigación por presunto homicidio involuntario tras la muerte de la activista social y ambientalista Monika Silva Veras. Este lamentable suceso ocurrió en la provincia de Santa Elena, Ecuador.
La decisión de iniciar la pesquisa se tomó el 12 de junio de 2026, dos días después de que la Embajada de Polonia en Lima notificara a la Fiscalía Nacional polaca sobre el fallecimiento de Silva Veras.
La investigación se basa en el artículo 155 del Código Penal de Polonia, que tipifica el homicidio involuntario.
Según el comunicado oficial, las autoridades buscan esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de Mónika Silva, que ocurrió en una fecha no determinada, pero no posterior al 8 de junio de 2026, en territorio ecuatoriano.
Al mismo tiempo, la Fiscalía Regional de Santa Elena lleva a cabo diligencias para determinar las causas y condiciones del fallecimiento.
Ante este caso, la Fiscalía Nacional de Polonia activó mecanismos de cooperación internacional para asegurar pruebas y documentación que se encuentren en Ecuador.
A través de su Oficina de Cooperación Internacional, solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Embajada polaca en Lima gestionar la obtención de las evidencias recopiladas por las autoridades ecuatorianas.
Además, la representación polaca ante Eurojust fue requerida para utilizar canales internacionales de cooperación, incluida la red IberRed.
Esto tiene como objetivo facilitar el intercambio de información y documentación procesal entre ambos países.
La Fiscalía polaca también anunció que presentará una solicitud formal de asistencia jurídica internacional para acceder a las pruebas obtenidas durante las investigaciones realizadas en Ecuador.
Monika Silva Veras residió durante varios años en la provincia de Santa Elena.
Fue presidenta de la Fundación La Integridad y participó activamente en actividades relacionadas con la transparencia pública, la protección ambiental y la denuncia de presuntas irregularidades en transacciones de tierras.
Esta información fue proporcionada por Anna Adamiak, portavoz de la Fiscalía General de Polonia.