Durante el operativo Apolo 19 en Guayaquil, el ministro del Interior, John Reimberg, se pronunció sobre decisiones judiciales que dejaron en libertad a personas detenidas por la Policía Nacional. Sus declaraciones son en el contexto del caso de dos procesados por el secuestro de una comerciante de origen asiático.
“Respaldo cien por ciento el trabajo que hace la Policía y no puedo permitir que las siguientes funciones, la Fiscalía, lo deje en libertad”, afirmó. Reimberg anunció que tomará medidas institucionales para exigir un trabajo coordinado y coherente entre Policía, Fiscalía y sistema judicial.
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Policía detuvo a los sospechosos tras el secuestro en Guayaquil
El caso generó atención nacional luego de que una cámara de seguridad captara el secuestro de la víctima el 29 de mayo de 2025 en el norte de Guayaquil. Un grupo de hombres, con pasamontañas, la sujetó por el cuello y las piernas dentro de un local comercial y la sacó por la fuerza.
La Policía capturó a los sospechosos al día siguiente. A uno de ellos lo encontró con un arma. Pese a estos indicios, ambos quedaron libres con medidas sustitutivas.
Reimberg advierte sobre riesgo para policías en arrestos domiciliarios
El ministro también criticó el uso del arresto domiciliario en sectores peligrosos. “Un juez dicta esa orden, y el policía debe arriesgar su vida para cuidar a un delincuente”, dijo.
Reimberg anticipó que solicitará información sobre estos casos y difundirá públicamente los nombres de los jueces responsables.
“Vamos a mostrar todos estos casos. Cuando pase algo con el servidor policial que cubre esa casa, que quede en la conciencia del juez que firmó esa orden”, señaló.
Fiscalía justificó las medidas adoptadas en la audiencia
Según la Fiscalía General del Estado, el juez negó la prisión preventiva para uno de los procesados porque no registraba antecedentes penales.
En el momento de la audiencia, la víctima todavía figuraba como desaparecida, por lo que no se configuró el delito con resultado de muerte. Por esa razón, el fiscal presentó cargos por secuestro extorsivo y pidió medidas distintas para cada procesado.
El 6 de junio de 2025, la Policía halló los cuerpos de la víctima y otras tres personas en una cisterna de cemento en Nueva Prosperina. La investigación sigue abierta.
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