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Este lunes, el ministro del Interior, John Reimberg, utilizó sus canales oficiales para denunciar una resolución “lamentable e indignante” de un juez en el cantón Pasaje, provincia de El Oro. Este juez otorgó la libertad a cuatro sujetos capturados en flagrancia por delitos de extorsión en Ecuador y terrorismo.
La crítica ministerial surge tras el operativo “Libertad 526”, ejecutado el 2 de mayo de 2023 por la Unidad Nacional de Investigación Antisecuestros y Extorsión (Unase). La intervención logró neutralizar a una banda que mantenía bajo asedio a un comerciante local, utilizando tácticas de extrema violencia.
Según el reporte oficial, el caso no se limitó a llamadas intimidatorias. Los implicados habrían perpetrado un atentado con un artefacto explosivo en el establecimiento comercial de la víctima. Este ataque provocó daños materiales significativos y, según el ministro Reimberg, puso en riesgo inminente la vida de los trabajadores y clientes presentes en el sector.
“Estamos cansados de que la justicia esté al servicio de los delincuentes. Mientras los ciudadanos trabajan por sus familias, ciertos jueces operan con total impunidad a favor de grupos que, si no pagas, te matan”, sentenció el titular de la cartera de Interior.
Durante la audiencia de formulación de cargos, el fiscal del caso calificó la flagrancia y solicitó prisión preventiva para tres de los individuos, considerando la gravedad del ataque con explosivos y las pruebas recolectadas por la Unase. Para el cuarto implicado, se solicitaron medidas sustitutivas iniciales.
No obstante, la defensa de los procesados apeló al “principio de igualdad” para solicitar que el beneficio de las medidas sustitutivas se extendiera a todo el grupo.
El juez de la Unidad Judicial Penal de Pasaje, Gonzalo Fabricio Prado Falconí, acogió este argumento y dictó medidas sustitutivas para los cuatro detenidos, permitiéndoles abandonar el centro de detención.
Reimberg calificó las medidas impuestas por el magistrado como “ridículas” y advirtió que este tipo de decisiones minan la moral de la fuerza pública y exponen a las víctimas a represalias. “¿Hasta cuándo resoluciones de este tipo seguirán poniendo en riesgo la seguridad de los ciudadanos?”, cuestionó el ministro, instando a la Función Judicial a dejar de prestarse para “argucias” legales que favorecen a las estructuras criminales.
El Ministerio del Interior ratificó que la lucha contra la extorsión en Ecuador continuará de la mano de la Unase, pese a los obstáculos detectados en el sistema judicial.
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